Mandato al INE y al TRIFE



| 17/02/2018

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El lema oficial del gobierno mexicano sigue siendo: Sufragio efectivo, no reelección, en homenaje a Francisco I. Madero. Dicha frase se inscribe en el pacto de simulación que sostiene a las instituciones públicas del país. La no reelección parece haber sido generalmente obedecida, con excepciones, a fin de evitar la prolongación de la guerra civil, a lo que contribuyó poderosamente la creación del partido de Estado y su práctica privilegiada: el dedazo. Hubo sin embargo un Maximato encabezado por el Jefe Máximo (1928-1934), no pocas fricciones e interferencias entre gobernantes, a pesar de la “autonomía sexenal” instaurada por Lázaro Cárdenas. Mediaron también algunos destierros y hasta un magnicidio.

En cambio, el sufragio efectivo ha tenido casi nula aplicación. Fue gracias a la ruptura de 1988, el levantamiento armado de Chiapas y a una profunda crisis económica (1995) que se concretaron una serie virtuosa de negociaciones, reformas electorales y creación de instituciones destinadas a garantizarlas, abriéndose así un breve periodo democrático hasta el año 2000: menos de cinco años en 108 transcurridos desde el inicio de la Revolución.

Fue Vicente Fox quien canceló el ciclo que lo llevó a la presidencia, imponiendo a su sucesor mediante el empleo desmedido del poder público. Siguió el fraude de 2012, caracterizado por la utilización masiva de recursos fraudulentos y el descaro en la compra y coacción del voto; finalmente los comicios del Estado de México y Coahuila que resultan ominosos de cara al 2018, con el riesgo de que la sociedad mexicana ya no lo soporte y el país se precipite en un Estado de sitio.

El fantasma de la violación del voto nos ha acompañado a lo largo de nuestra trayectoria aparentemente republicana. Justo Sierra afirmó en 1910 que nunca había sucedido en México una alternancia política por la vía del voto, desde las dudosas elecciones en que Vicente Guerrero derrotó a Manuel Gómez Pedraza en 1828. No podríamos desperdiciar la ocasión de imprimir un nuevo curso a nuestra historia.

Corresponde a la ciudadanía remontar la ignominia. Es indispensable impulsar un movimiento nacional a favor de elecciones libres, auténticas y periódicas. Un número significativo de personalidades y organizaciones de la sociedad civil decidieron enviar sendos escritos al INE y al TEPJF para instarlos a que cumplan su deber mediante el estricto cumplimiento de la ley.

Las irregularidades en el proceso electoral ya comenzaron. Por ello es necesario actuar de inmediato y con la máxima publicidad y transparencia. No se trata, por cierto, de acorralar a las instituciones electorales, ni menos aun debilitarlas, sino de incrementar la presión social sobre las mismas para contrarrestar las maniobras del gobierno en nombre de un grupo dominante que pretende perpetuarse en el poder.

No podríamos aceptar que, por la acción combinada del gobierno, los partidos políticos y los actores económicos y mediáticos, las instituciones electorales se transformen en un Frankenstein y se vuelvan contra sus creadores. Requerimos instancias verdaderamente autónomas que brinden certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad conforme a los principios mandatados por la Constitución. Para ello hemos instado a las autoridades competentes a que publiquen informes pormenorizados de los gastos de campaña de partidos y candidatos; hagan respetar la ley y los acuerdos de civilidad política; sancionen severamente las campañas negras conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales -sin menoscabo de la libertad de expresión-; instalen una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los procesos electorales y que pueda alimentarse con datos aportados por la ciudadanía; hacer valer las disposiciones del Sistema Integral de Fiscalización para que éste cumpla sus objetivos; coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción a fin de evitar el uso electoral de recursos públicos y programas sociales; flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero; verificar rigurosamente el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE así como la imparcialidad de las OPLES y proceder a la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos por la ley.

Vivimos un momento dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones. Ese es el llamado que hacemos.




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