Las trampas de la reelección


Por muchos años, con el deseo de evitar el enquistamiento de grupos políticos y/o personas en el poder, la ley prohibió expresamente la reelección...


| 22/02/2018

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Por muchos años, con el deseo de evitar el enquistamiento de grupos políticos y/o personas en el poder, la ley prohibió expresamente la reelección.

La Constitución de 1917 negó esa posibilidad para el cargo de Presidente y Gobernadores, aunque no para Diputados y Senadores. La reforma Constitucional de 1933 corrigió esta omisión y agregó la prohibición de reelección para estos últimos puestos.

En febrero de 2014, sin embargo, el Diario Oficial de la Federación publicó la aprobación para la reelección legislativa y de ayuntamientos, resultado del Pacto por México firmado en 2012.

Esta reforma, en el papel, parecía válida y necesaria.

Por un lado, se vio como una estrategia para facilitar la rendición de cuentas de los alcaldes y congresistas ante el pueblo. Si hacían un mal papel durante su primera gestión, los ciudadanos los castigarían en las urnas impidiéndoles reelegirse.

Por otro lado, la reelección tenía la ventaja de aprovechar la curva de aprendizaje en el puesto y contar con alcaldes y legisladores con más experiencia y conocimiento en los siguientes períodos.

Por desgracia, las ventajas anteriores se desvanecen en un país como México, tan lleno de vicios, corrupción, abuso de los recursos públicos, simulaciones y acceso mañoso a los medios de comunicación y a las redes sociales.

La gran mayoría de los alcaldes y congresistas que busquen reelegirse lo lograrán. No por haberse concientizado de hacer una buena labor para ganarse la simpatía de los ciudadanos, sino por contar con recursos económicos y con acceso a los medios tradicionales y a las redes sociales muy superiores a los que podrán tener sus contrincantes.

En México los políticos han aprendido a saquear los recursos públicos de mil maneras y a utilizar su poder para comprar o intimidar a los medios de comunicación. Con criterios nada transparentes, los alcaldes deciden a qué medios les dan publicidad oficial y a cuáles no, sin importar su circulación real o su penetración.

A diferencia de otros países, donde las obras públicas no se inauguran ni se difunden por los políticos ya que éstos no tienen ningún mérito en realizarlas con dinero proveniente de los impuestos pagados por los ciudadanos, en México los alcaldes y los congresistas las muestran como si hubieran sido por mérito propio y con recursos de su propio bolsillo. El desvío de recursos para comprar periódicos y noticieros que enaltecen sin cesar la labor de los funcionarios es otra más de las múltiples formas en que los funcionarios que ostentan un cargo de elección popular corrompen los procesos electorales.

La aprobación para reelegir alcaldes, diputados y senadores puede haber tenido en principio un objetivo útil y válido, pero mientras no se transparenten los recursos, mientras se sigan desviando fondos del erario para compras de voto y publicidad oficial y en ausencia de leyes que nivelen las contiendas electorales para darle oportunidades parejas al resto de los candidatos, la reelección de alcaldes y congresistas no beneficiará nunca a los ciudadanos sino a muchos funcionarios corruptos y deshonestos que seguirán encontrando formas de enriquecerse en sus cargos.





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