La ley perversa


Soledad Loaeza


| 20/04/2018

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La reforma político-electoral de 2014 fue una de las ocho reformas estructurales que integran el desafortunado Pacto por México, que en su momento muchos aplaudieron como si se tratara de una extraordinaria hazaña política de salvamento de la patria. Bueno. Hemos visto una vez más, que nada hay más aventurado que calificar de histórico un acontecimiento coyuntural que en menos de lo que circula un tuit resulta ser flor de un día. No sé si lo mismo ha ocurrido con las otras reformas del pacto, sobre las que se construyó la imagen de Enrique Peña Nieto como el gran estadista, hábil negociador y astuto engatusador con que inició su mandato presidencial; ojalá me equivoque, pero si esas reformas adolecen de los gravísimos problemas que han quedado al descubierto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE) entonces no sólo nos enfilamos a una muy complicada jornada electoral, sino que nos esperan líos mayúsculos en educación, energía, en operaciones hacendarias y en otras áreas que incluyó el pacto.

Se nos dijo que la reforma electoral buscaba resolver problemas generales como una así llamada crisis de representación política, que fue diagnosticada a partir de las elecciones federales de 2009, que, según los doctores brujos del Congreso que analizaron los resultados, revelaron que los mexicanos se habían desilusionado de la democracia, que desconfiaban de las instituciones electorales y experimentaban un insidioso desapego de la vida política. Para atacar esos problemas que, según el diagnóstico, se manifestaban en la compra del voto, la coacción de los electores, la inequidad de la competencia, la injerencia de las autoridades en los procesos electorales, los gastos excesivos en las campañas electorales, se diseñó una ley que no necesariamente remediaba los síntomas detectados, pero que sometió al Instituto Nacional Electoral (INE) a una sobrecarga de responsabilidades, sin atribuirle los recursos que razonablemente necesitaría para cumplir con los compromisos que le impone la LGIPE.

En leyendo las razones de la reforma se me ocurre que no fue directo al origen de los problemas que me parece son los malos hábitos de nuestros políticos antes que la necesidad de poner a trabajar a los consejeros del INE que, a mi manera de ver, desde antes de la reforma ya tenían suficiente quehacer. 

Más bien lo que la ley garantiza, una vez más, es la continuidad de la posición privilegiada de los partidos existentes, que son precisamente las organizaciones que los ciudadanos rechazamos porque no son representativas, o lo son poco menos que los candidatos independientes a los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora ha oficializado, según una interpretación más que

interesada de la ley. 

Las leyes electorales han sido una y otra vez utilizadas para afianzar el control de PRI, PAN, PRD, Morena y compañía sobre el espectro partidista. La LGIPE no es excepción, por ejemplo, habla de facilitar la participación ciudadana, pero al mismo tiempo aumentó la proporción de votos necesaria para que un partido mantenga su registro o para que acceda a cargos de representación proporcional.

En abstracto, las candidaturas independientes son una alternativa a los partidos que ya nadie quiere, pero resulta que en México tenemos una cultura que desconfía del individuo y nos sentimos más cómodos cuando podemos referirnos a una institución aunque esté maltrecha o corroída por la corrupción. Hay valientes que están dispuestos a jugársela en las elecciones sin un partido que los apoye; pero también los hay que más que valientes son atentos y bien dispuestos comparsas del poder, que se ponen el sombrero de independientes con la pretensión de engañar al electorado para servir a los fines de sus empleadores. 

Seguramente, también confían en que luego vendrán los magistrados, que se mostrarán comprensivos de las dificultades que supone recabar firmas y montar una campaña electoral en los términos que establece la ley, para hacer a un lado esa ley tan estorbosa y darle el visto bueno a un supuesto pretendiente a Los Pinos que ya les dijo que sí cumple con los requisitos. 

Lo increíble es que los magistrados parecen haberle creído más a Jaime Rodríguez Calderón, que no es precisamente un encantador de serpientes ni una personalidad arrolladora, ni un candidato que haya mostrado la capacidad de arrasar el próximo primero de julio, pues de haberlo hecho es muy probable que los magistrados le hubieran negado el pase. Así se los habría ordenado el mismo que les instruyó cuál debía ser su sentencia en cuanto a la participación del candidato que algunos denominan independiente, pero que ahora sabemos que es bien dependiente.

Es sabido que las leyes no por serlo son buenas. Las hay perversas, como la LGIPE que no se aplicó en el caso de Rodríguez Calderón, pero en esa ley se apoya la arbitrariedad de unos magistrados que han dado la prueba de que es falso el argumento de que hay que pagarles muy bien, escalonar los nombramientos o establecer designaciones transexenales para que sean honestos. Han demostrado que no importa cuál sea su sueldo, ni el tiempo de permanencia, quien esté dispuesto a dar más, siempre encontrará a alguno dispuesto a ponerse a sueldo.





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