Por un Congreso digno



| 22/09/2018

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Comparto con mis lectores el texto con el que presenté la iniciativa para una nueva Ley del Congreso de la Unión, a efecto de convertirlo en el órgano fundacional de la Cuarta República.

El pasado 16 de septiembre se instaló el primer Congreso de la Ciudad de México por mandato de la Constitución más reciente y avanzada del país. Fueron 30 años de lucha social y de negociación política para lograr finalmente la reforma al artículo 122 de la Constitución General. A partir de ese momento se inició un proceso inédito de consultas populares, recuperando la experiencia de destacados expertos y decantando las expresiones de los partidos políticos. Proceso al que dediqué los cinco años precedentes de mi vida pública.

A pesar de los recursos interpuestos por agentes del Ejecutivo federal, la SCJN resolvió su plena validez. Ello implica la instauración de un auténtico federalismo y la equiparación de los tratados y convenciones internacionales al mismo nivel que nuestra Carta Magna.

Continuando con ese espíritu innovador que plasmamos en la Constitución Política de la Ciudad de México y en los avances alcanzados en el reglamento interior de su Asamblea Constituyente, es que ahora propongo una nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que abrogaría la legislación vigente.

Desde los orígenes de la República, el Poder Legislativo antecede a los demás, es el órgano creador y reformador del Estado. El Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos, estableció que el único supremo poder es el Legislativo y determinó inclusive que el Ejecutivo se depositara en tres personas, para no dañar esta primacía.

El proyecto que presento es clave para la refundación del país -cualesquiera que sean las mayorías políticas gobernantes-, ya que esta asamblea sigue y seguirá siendo el depósito esencial de la soberanía popular. Hemos recibido un mandato irrevocable para emprender juntos la Cuarta Transformación, ello implica consumar a fondo la reforma de las instituciones políticas y edificar un nuevo orden jurídico nacional.

Estamos obligados a devolver la dignidad y la eficiencia perdidas del quehacer legislativo y su función como contrapeso del Ejecutivo. La tarea es inmensa, habida cuenta de la degradación ocurrida en este órgano desde hace mucho tiempo. Tres cuartas partes de los ciudadanos consideran, según los sondeos, malo o muy malo el desempeño de esta Cámara. Sumisiones, abusos e impunidades la han desacreditado.

No existirá una nueva República mientras no haya un parlamento digno e independiente. Para ello es menester revertir esta tendencia cancelando las corruptelas que han dañado la imagen y eficacia de este Poder. Con austeridad, transparencia y rendición de cuentas aboliremos las prácticas que lo pervierten. Para ello proponemos se instaure un Comité de Participación Ciudadana y Parlamento Abierto que posibilite canales de participación a todos los actores sociales y a sus organizaciones. También se incorporan instrumentos de control para prevenir conflictos de interés, así como la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimonial y fiscal de los legisladores.

A fin de hacer más eficiente el gasto y eficaces los trabajos legislativos, se plantea un tope de comisiones temporales –antes llamadas especiales- hasta un máximo de diez. En este orden de ideas, se propone una reducción en el número de comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, evitando así la duplicidad de funciones que implican una erogación mayor de recursos.

Finalmente, se reconfigura el carácter republicano de la separación de poderes al incorporar la facultad del Congreso de publicar en el DOF (nota: Diario Oficial de la Federación) los decretos o leyes que no hayan sido observados por el Ejecutivo en los plazos constitucionales, evitando con ello la nociva práctica del “veto de bolsillo”.

De igual forma, se contribuye a reestablecer la relación entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al normar la ceremonia protocolaria correspondiente a la entrega del informe presidencial. Esta debe ser una obra conjunta de las dos cámaras del Congreso de la Unión, que en esta hora de renovación nacional, compartimos las mismas convicciones.

Requerimos establecer un bicameralismo respetuoso, ágil y eficaz. No hay ley que pueda ser aprobada por una sola Cámara. En esa facultad somos gemelos inseparables. Finalmente, somos una misma mayoría con vocación democrática, tolerante e incluyente. El proyecto es de todos.





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