Protegía el SAT desvíos hacia PRI


Siete estados desviaron 650 mdp a 12 empresas fantasmas vinculadas con un financiamiento ilegal de campañas del PRI en 2016, informó MCCI


En esta vivienda ubicada en la avenida López Mateos 101, de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, fue registrado el domicilio de SINNAX y SAMEX.
AGENCIA REFORMA | 21/11/2018

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Autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI en 2016.

Según testimonios ministeriales, las empresas operaban con la protección del SAT, en esa fecha encabezado por Aristóteles Núñez, colaborador de Luis Videgaray.

Del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras seis entidades.

En diciembre de 2017, REFORMA y The New York Times revelaron el mecanismo de desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda, en ese momento encabezada por Videgaray.

En aquella revelación se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma.

Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas recibieron, en 2016, transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México.

También desviaron recursos el Congreso de Morelos y la Delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, para la "Operación Safiro", que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.

Ex funcionarios de Chihuahua atestiguaron que el dinero transferido fue desviado para fines electorales.

Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas "estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar".

En su declaración, añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones.

En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priista Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

En el caso del Edomex no fue posible determinar el monto real de las transferencias debido a que el Gobierno de esa entidad ocultó información de contratos.

Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.

Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.

Karla Arely Jurado Bafidis, quien también fue sentenciada por el desvío de recursos en Chihuahua, coincidió en su declaración ministerial en que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le informaron que en el financiamiento de campañas electorales del PRI participaban los gobiernos de otros estados.

"Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad", señaló en su testimonio.

Los testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.

Gutiérrez estuvo preso 9 meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018.

Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.

Los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.

El principal prestanombres es José Juan Saliano González, un ex agente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), detenido por robo en octubre de 2016 junto con otros dos policías que también figuran como beneficiarios de transferencias en la red fantasma, de acuerdo con los documentos revisados por los reporteros.

MCCI reveló el pasado 5 de septiembre el involucramiento del ex policía en el desvío, pero en esta nueva investigación se comprobó la participación, además, de dos hijas, su esposa y otros parientes y vecinos como prestanombres.




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