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Artículo

Freno de mano


Denise Dresser

Como pisar el acelerador y esperar que el carro avance cuando tiene el freno de mano puesto. Como trazar la ruta, elaborar el mapa y subirse a un vehículo trabado. Como andar en un automóvil atorado, lento, demorado. Un coche que el gobierno presume de alta velocidad, pero el cual ha sido saboteado por casi todos los conductores.

Así ha sido la historia de la reforma al sistema de justicia penal en México. Una historia que pudo haber tenido un final feliz, pero que no podemos celebrar hoy porque la meta se encuentra todavía tan lejana. A apenas unas semanas de que se venza el plazo constitucional para el “nuevo sistema de justicia”, el auto echa humo.

Este es el diagnóstico que hace el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) en su informe “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”. A ocho años de que México cambiara de un sistema inquisitorio y opaco a un sistema penal oral y adversarial. Casi una década investigada, auscultada, escrutinada y con grandes esfuerzos debido a la dificultad de obtener información sobre el nuevo sistema, porque demasiadas instituciones que lo operan no quisieron proporcionarla o la reservaron. Aun así, el CIDAC recolecta las cifras que encogen el ánimo, los datos que desilusionan. A pesar de la existencia del nuevo sistema, la cifra negra de delitos no denunciados sigue siendo persistentemente alta: 92.8 por ciento de los crímenes cometidos no fueron denunciados por falta de confianza en la autoridad, o porque los ciudadanos creen que es una pérdida de tiempo. Y con demasiada frecuencia tienen razón.

En los lugares donde sí se procede con la investigación y el juicio, la oralidad es intermitente o nula. Escasean los defensores públicos y pocos tienen capacidades técnicas para actuar adecuadamente; sólo 19 por ciento de las defensorías cuenta con algún tipo de apoyo pericial. No hay suficientes asesores jurídicos de víctimas. La policía no tiene ni el respaldo legal ni la formación institucional para cumplir con sus nuevas atribuciones, y los protocolos para guiar su actuación han resultado insuficientes.

En pocas palabras, México no está preparado al 100 por ciento para el nuevo sistema de justicia penal. Después de millones de pesos, miles de discursos, cientos de foros y muchos autoelogios gubernamentales, el carro no ha llegado ni a la esquina. Sólo seis entidades del país están operando con el nuevo sistema de justicia penal de manera casi total. En algunas entidades hay trechos que celebrar y en otros hay automóviles varados que urge echar a andar.

Porque si no lo hacemos, el camino se ve largo, tortuoso, y doloroso para tantos mexicanos injustamente encarcelados, violentamente torturados, presuntamente inculpados. Como explica el CIDAC, si sigue el ritmo actual de instrumentación de los juicios orales, tomará 11 años en promedio lograr la operación nacional. Once años de inocentes languideciendo en los reclusorios. Once años de criminales a los cuales el juez se ha visto obligado a liberar debido a fallas en la aprehensión, en la investigación, en el debido proceso. Once años de un sistema de justicia que funciona mal y muy mal. Tan es así que México ocupa el lugar 79 de 102 países en cuanto a calidad del estado de Derecho según The World Justice Project. Estamos por debajo de Ghana y casi todos los países de América Latina en cuanto a justicia penal.

Y van las preguntas: ¿El freno de mano es planeado o accidental? ¿Es un problema de voluntad política o de inercia institucional? ¿Es un sabotaje producto de gobiernos que no quieren remodelar o simplemente no saben cómo hacerlo? Preocupa tanta evidencia que parece demostrar la obstaculización deliberada. Basta con ver las presiones políticas y los chantajes a los que fue sometido el CIDAC por parte de autoridades enojadas. Basta con ver la Miscelánea Penal que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, denunciada como una contrarreforma por la Red Nacional de Juicios Orales. Basta con ver cómo niega el derecho a la defensa del inculpado en su primera comparecencia ante un juez. O cómo permite a los imputados ser “paseados” por la policía -con la posibilidad de tortura que eso entraña- antes de ser puestos a disposición de un juez. O cómo permite la prisión preventiva de manera casi sistemática.

He allí los reflejos autoritarios de un sistema que dice empujar el cambio, pero a la hora de la instrumentación, lo para. He allí a los conductores que deberían pisar el acelerador pero colocan el freno de mano. Quieren anunciar que llegaron a la meta prometida, pero no corriendo sino simulando. A ocho años de su arranque, el carro no va.




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