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Artículo

Todo negociable


Denise Dresser

“La ley no se negocia”, dice el gobierno de Peña Nieto, y pasa después a negociarla. La reforma educativa no está sobre la mesa, cuando el paso siguiente es colocarla allí. Tantos, una y otra vez, apelando al estado de Derecho como si existiera, para luego fomentar su precariedad. Prometiendo reformas que lucían bien en su primera encarnación, pero ahora están sujetas a revisión. Y esto ocurre por la falta de pericia política. Por la falta de sensibilidad social. Por la aplicación discrecional de reglas privilegiadas para los amigos, pero punitivas para los adversarios. El resultado: un país donde todo es negociable. Todo es vendible. Todo es comprable.

Donde los maestros disidentes un día son los criminales más peligrosos del país y al siguiente se atiende cada una de sus demandas. Donde líderes del magisterio un día son encarcelados mientras priistas acusados en cortes extranjeras -como Moreira- pululan impunes. Donde la ley 3 de 3 es saboteada por el Senado y luego vetada sólo parcialmente por el Presidente, presionado por la clase empresarial. El patrón repetitivo. Se golpea primero para negociar después. Se amenaza primero para doblar las manos después. Se mata a miembros del magisterio en Nochixtlán y luego se les convoca a reinventar una reforma mal instrumentada, pero necesaria.

Después de cada negociación ya es imposible saber qué pasó con la legalidad, qué pasó con la legitimidad, qué pasó con una gobernabilidad forjada a base de improvisaciones y ocurrencias. De garrotes y zanahorias usadas al azar. Carcomiendo a un México en el cual la ley se asienta irregularmente y se aplica a conveniencia. En el cual la justicia y las reformas dependen de la manifestación o la marcha del momento. En el cual el “estado de Derecho” depende del que pisa o grita o reprime o bloquea con más fuerza. Una tierra de nadie que se vuelve de quien la arrebata con armas o amenazas o encarcelamientos arbitrarios. Todos los días alguien manipula o compra o viola o tuerce o acomoda la ley.

No sólo Osorio Chong con los maestros. No sólo el Senado con el Presidente. No sólo el Presidente con la cúpula empresarial. Allí está Javier Duarte, el gobernador saliente de Veracruz, imponiendo un fiscal anticorrupción que le cuide la espalda. Allí está César Duarte, el gobernador saliente de Chihuahua, contratando más deuda para tapar el hoyo financiero que irresponsablemente cavó. Allí está Roberto Borge, gobernador saliente de Quintana Roo, arrebatando negocios para embolsárselos. Todo esto bajo la protección de leyes diseñadas para apuntalar el país de privilegios. El país de prebendas. El país patrimonialista.

El país que permite a funcionarios en Quintana Roo usar juicios laborales falsos para despojar a particulares de bienes inmuebles y cuentas bancarias. Que permite a Borge negociar un “paquete de impunidad” que acompañe su éxodo del poder, mientras coloca a magistrados a modo antes de salir de allí. Él y sus correligionarios en otros estados eligiendo fiscales y auditores nombrados precisamente para no cumplir con su función.

Un modus operandi documentado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad junto con periodistas de investigación que revisan contratos y juicios y cuentas y nombramientos. Una forma de ejercer el poder que Peña Nieto conoce y solapa, desde Atlacomulco pasando por la Casa Blanca, hasta hoy.

Este comportamiento extralegal no significa que quienes también violan la ley -normalistas o sindicalistas o miembros de la CNTE- deban escapar el escrutinio y la condena. Pero sí exige el uso de un rasero parejo. En México instituciones disfuncionales producen ciudadanos disfuncionales. Políticos corruptos fomentan ciudadanos corrompibles. Vándalos en los pasillos del poder crean vándalos en las calles. La falta de respeto y la negociación de la ley están incrustadas en el conciencia colectiva porque el gobierno abona a ello.

Según las encuestas, la mitad de la población cree que las leyes no deben ser obedecidas si son injustas. Y demasiadas veces lo son porque no han sido creadas para el bien común sino manipuladas para el beneficio privado. Muchos mexicanos se han acostumbrado a bloquear calles, secuestrar camiones y chantajear a la clase política porque la ven negociar la legalidad de manera cotidiana. Y cuando todos negocian, se vuelven cómplices de la criminalidad que tanto denuncian.




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