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‘Pinche justicia’


Denise Dresser

“Pinche justicia”, exclama alguien que ha defendido los derechos humanos como profesión y vocación. “Pinche justicia”, dice Emilio Álvarez Icaza, en un exabrupto al cual muchos quisiéramos sumarnos al ver los datos, al examinar las cifras, al ver lo que pasa y no pasa en México. Septiembre, el mes más violento, el más homicida. Javier Duarte prófugo y protegido el tiempo suficiente como para poder huir. Guillermo Padrés buscado por la Interpol, mientras el Estado mexicano se lima las uñas. Naciones Unidas exigiendo una oficina especial para la tortura. La violencia de género declarada como pandemia. País de fosas, de derechos pisoteados, de policías que torturan en vez de investigar, de procuradurías incompetentes o sin el apoyo político para llevar a cabo la tarea que les toca. País donde el mexicano común y corriente no recibe justicia sino indefensión.

País donde -en palabras de Juan Villoro- “el carnaval coincide con el apocalipsis”?. El circo montado en torno a políticos que fueron presumidos como nuevos priistas y resultaron ser criminales tolerados. Años de denuncias en Veracruz sobre la República mafiosa que Duarte había construido allí. Años de saber lo que el reportaje de Animal Político sobre las empresas fantasma del gobernador sólo constató. Años en los cuales las instituciones básicas del Estado mexicano no levantaron un dedo para investigar, para vigilar, para actuar.

El periodismo vino a suplir las falencias de un gobierno que en cuanto al estado de Derecho se trata, no quiere o no puede asegurarlo. Ahora, tantos declarándose sorprendidos ante una huida anunciada que fue permitida, ya sea por incompetencia o colusión.

Y al lado del carnaval, la carnicería. Como se preguntan los autores de La ira de México: siete voces contra la impunidad, ¿cuántas mayores tragedias -aparte de Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, San Fernando, Allende, Nochixtlán, más de 70 desaparecidos- le esperan a México? ¿Cuántas fosas más quedan por encontrar? Aunado a que en México cada 4 minutos ocurre una violación sexual. Si eres mexicana entre 15 y 45 años tienes más probabilidad de ser violada o asesinada que de enfermarte de cáncer o contraer VIH. Cuarenta por ciento de la población total de mujeres ha sufrido algún tipo de abuso. Como afirma la ONU, ser mujer en México es un deporte extremo.

Ser ciudadano de cualquier género en México es un deporte extremo, practicado a la intemperie, sin el paraguas protector de la justicia. El World Justice Project publica su índice comparativo sobre estado de Derecho y los resultados para México son desoladores. Caemos nueve lugares, colocándose en el lugar 88 de 113 países. Por abajo de Burkina Faso, Zambia, Tanzania, Irán. Y los peores indicadores tienen que ver con corrupción y justicia penal; con mediciones sobre la mordida, el uso indebido del puesto público, la asignación inapropiada de recursos públicos. Con mediciones sobre la calidad de la investigación criminal, el sistema carcelario, la imparcialidad de la justicia penal, la protección del debido proceso y los derechos del acusado. México reprobado en cada rubro. México señalado por lo que no logra reformar.

Por razones ya ampliamente conocidas. Una clase política que no quiere perder los privilegios acumulados y la impunidad garantizada. Un Sistema Nacional Anticorrupción que arranca lentamente y requerirá autonomía real de sus fiscales, para no sólo cambiar de membrete institucional. Un sistema judicial podrido que no logra adaptarse a las exigencias y requerimientos del tránsito a los juicios orales. Un sistema policial que fue creado para ser instrumento del poder y no mecanismo protector del ciudadano. Procuradores que no investigan, jueces que cierran los ojos ante la tortura, policías que detienen en flagrancia y no como parte de una investigación previa, ministerios públicos que no recaban pruebas suficientes. Nuevos sistemas encubriendo viejos vicios.

Más grave aún. Una sociedad anestesiada para la cual estas heridas no duelen lo que deberían, y por ello no exige lo necesario como para que la presión desde abajo funcione. Pero si no lo hace, las estadísticas irán escalando. Los expedientes se irán acumulando. Cualquier mexicano podrá ser un número más. Una víctima de nuestra “pinche justicia”, en la cual sigue siendo “políticamente correcto aceptar lo políticamente corrupto”.



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