21/11/2016

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Las ruinas circulares

La mafia de la cultura en Nuevo Laredo


Marcos Rodríguez Leija

En la Dirección Municipal de Cultura de Nuevo Laredo hay tráfico de influencias, secuestro de espacios culturales, deterioro en los teatros y condiciones vejatorias hacia los grupos de actores independientes para que puedan utilizarlos. Hay discriminación y explotación de artistas, despido de gente talentosa, desaparición de programas, reducción de recursos y funcionarios carentes de preparación para la correcta administración de las diferentes áreas que ocupan en este rubro.

El detonante de protestas y denuncias de la comunidad artística en las redes sociales fue una reunión con directores de teatro llevada a cabo el 11 de octubre a las 19:00 horas, en la sala de juntas de la Casa de la Cultura ubicada en Lincoln 821 de la colonia Viveros. La convocatoria sólo fue para los amigos de los funcionarios de la administración actual (2016-2018). Quienes no habían sido invitados se enteraron por mensajes internos de Facebook ante la pregunta de los agraciados: “¿Irás a la reunión?”, “¿Cuál reunión?”

Así fue como asistieron algunos que no esperaban en aquel encuentro convocado por el director municipal de arte y cultura, Felipe Flores Montemayor, quien estuvo acompañado por Diana Azucena Rojas Cantú, directora de la Casa de la Cultura; Miguel Ángel Cedano, responsable del teatro “Lucio Blanco”; Mónica Parra, coordinadora de “Estación Palabra”; y César Iván Gaitanos, a cargo del teatro experimental del Centro Cultural.

La cofradía de amigos a cargo de la cultura gubernamental hincaron sus colmillos y condicionaron a los actores independientes. Les dijeron que el programa “Jueves de teatro” tendrá otras reglas: las del nuevo gobierno y deberán atenerse a estas.

El programa fue instituido por la Comisión de Cultura del Cabildo 2011-2013. Originalmente contemplaba la cesión gratuita del teatro como lo estipula la Ley, un monto de 5 mil pesos que permitía a los directores teatrales solventar el gasto en escenografía y vestuario para el montaje de una obra durante un mes, además de difusión.

Eso fue diluyéndose con la administración de Carlos Cantúrosas Villarreal. A los artistas les negaron la promoción publicitaria y les exigieron recibos de honorarios para otorgarles el estímulo económico. En el gobierno de Enrique Rivas Cuéllar el panorama es más oscuro. Flores Montemayor argumentó que por disposición del presidente municipal, quienes quieran utilizar el teatro y cualquier otro espacio están obligados a participar sin pago alguno, durante un mes, en las “Caravanas culturales”.

También señaló que deberán contar previamente con escenografía y vestuario para representar su obra ante ellos, quienes fungirán como jueces para evaluarlos y determinar si son o no aceptados para su programación sin garantizar que recibirán el apoyo económico anteriormente otorgado. Además, sus montajes, les dijo, no podrán abordar temas escabrosos o que critiquen al gobierno.

Ante esta falta de respeto a su trabajo y la censura, los artistas cuestionan: ¿A ellos quién los evaluó para ocupar sus cargos?

Felipe Flores no tiene trayectoria artística ni trascendencia como gestor cultural; Mónica Parra no es escritora, es neófita en el tema, pero fue nombrada coordinadora de un espacio destinado a la promoción e investigación de la literatura y el libro. Además, como coordinadora de los teatros locales en la administración pasada, los aprovechó para beneficio de su grupo de teatro y no fue capaz de influir en el mejoramiento de su infraestructura.

César Iván Gaitanos no tiene trayectoria relevante; Azucena Rojas apareció de la noche a la mañana en la ciudad y la respalda su vínculo como madrina de la diputada local Brenda Cárdenas Tomae, quien a su vez tiene vínculos familiares con el ex presidente municipal anterior.

El trato es desigual para los artistas independientes cuando Miguel Ángel Cedano, además de ser funcionario imparte talleres de teatro sin una certificación pedagógica que lo acredite para ello y es beneficiario del programa “Jueves de teatro”. ¿Quién lo evaluó para montar su obra “La doma de la furia” por la que cobra 50 pesos la entrada y dirige en el mismo teatro municipal que administra?

La burla, el abuso y el secuestro de las instituciones, agregan los artistas, se refleja también en la convocatoria para un casting, emitida por la Casa de la Cultura para el montaje de una obra de teatro en la cual actuarán los que fungieron como jueces: Azucena Rojas, Mónica Parra y Miguel Ángel Cedano, quienes seleccionaron a Martha Loyo, también parte del gobierno municipal.

Es claro el autoritarismo, la falta de ética, la ignorancia y la violación a la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Tamaulipas. En el Capítulo I de las Disposiciones Generales, el inciso IV del Artículo 2 señala que en el establecimiento de programas de gobierno vinculados con el fomento de la cultura, “se atenderá la opinión de los individuos, grupos y organizaciones sociales, dedicados a la preservación, promoción, fomento, difusión e investigación de la cultura”.

El Capítulo II, De las Competencias y Atribuciones de las Autoridades, reitera en el Artículo 10 que son atribuciones de los municipios “propiciar que sus habitantes tengan acceso a los bienes y servicios culturales”, “apoyar a los creadores y grupos artísticos municipales, estimulando su formación y promoción”; además de “promover la participación de la sociedad y de los creadores locales en la formulación, ejecución y evaluación de la política cultural municipal”.

El Capítulo IV, De la Participación de la Comunidad, reafirma en su Artículo 19 que el fomento a la cultura y las artes tendrá carácter democrático, plural y popular y que “las autoridades en materia de cultura y las artes, a través de convenios de colaboración, estimularán y coordinarán la participación libre de la comunidad en la organización y funcionamiento de las instituciones y centros culturales y artísticos”.

Para rematar, en el Capítulo XIV, Del Uso de los Espacios Públicos Destinados a la Cultura, el Artículo 57 le concede a la comunidad artística el uso preferente de los espacios públicos destinados a la cultura y aclara que será sin cargo alguno por concepto de renta, de acuerdo a la disposición presupuestal, con excepción de aquellos que tengan finalidades de lucro, pero aclara: “se deberá garantizar que los creadores se beneficien de los espacios al menor costo posible de operación”.

¿La censura, la evaluación autocrática y el uso del teatro “Lucio Blanco” a cambio de trabajar sin pago alguno serán una disposición del presidente municipal como lo argumentó Felipe Flores? ¿Será la forma de hacer cultura de la secretaria municipal del área, Irma Gladis Coss Pineda? ¿Cómo presidenta de la comisión de cultura del Cabildo, Marina Aréchiga Guajardo será capaz de amonestar el actuar y evaluar la capacidad de estos funcionarios o será gris e indiferente al reclamo de la comunidad artística como lo fue su antecesor de extracción priista?

De ser este el concepto de cultura, con estas formas de gobierno excluyente, nepotista y dictatorial, no hay garantía, en lo más mínimo, de un cambio ni de convertir a Nuevo Laredo en una ciudad moderna.

Marcos Rodríguez Leija es Premio Nacional de Periodismo 2000-2001 y forma parte del Diccionario de Escritores Mexicanos del Siglo XX publicado por la UNAM.

Contacto: marcosleija@gmail.com




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