10/06/2017

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Bitácora republicana

La simulación democrática


Porfirio Muñoz Ledo

El esfuerzo central de la transición, después del fraude de 1988, se orientó hacia la legalidad y veracidad de las elecciones. Queríamos establecer en México las bases de un poder genuinamente representativo que propiciara el pluralismo político y la alternancia genuina en el poder. Estábamos conscientes de que no habíamos llegado a la “normalidad democrática” que exigía una profunda reforma de las instituciones públicas.

A juzgar por los recientes comicios, el reloj de la historia ha dado un salto atrás en extremo peligroso.

La difusión mediática de la última jornada electoral destacó la entusiasta participación ciudadana y los métodos avanzados para el conteo de los votos. Soslayó que ambos esfuerzos resultan nugatorios cuando antes de la jornada electoral ya se han violentado las normas que rigen el proceso. Un cronista español solía decir que cuando se han vulnerado las disposiciones que pretenden evitar el abuso, la compra y la coacción del voto, “entra mucha mierda en las urnas que no merece ser computada”.

La legislación sobre partidos y régimen electoral se ha modificado nueve veces en los últimos cuarenta años, reproduciendo con distintos matices un pacto de simulación. El dinero público concedido a los partidos ha crecido exponencialmente desde las negociaciones de 1996 y el uso ilegal de fondos privados carece en absoluto de fiscalización.

El juego de los conteos electorales y de las denuncias automáticas ha caído en descrédito, pero nada se hace para erradicarlo. Así como el país ingresó a una etapa de “normalización” de la violencia y complacencia ante la corrupción política, se ha diluido la capacidad social de indignación contra la falsificación electoral.

Si bien el PRI y sus ancestros han pasado de ser un partido de Estado a uno hegemónico, y a otro post-hegemónico -cuando perdieron la Presidencia de la República, pero conservaron la mayoría de las legislaturas- ahora se trata de un partido menguante que obtuvo menos de la mitad de los votos respecto a hace seis años. Según un acreditado pronóstico terminará perdiendo el registro. Mientras tanto nos enfrentamos a una nueva geografía electoral, cuando menos la mitad de los Estados son gobernados por la oposición y al priismo es impotente para ganar uno sólo más.

El gozne de la política mexicana son los recientes comicios en el Estado de México y Coahuila. Los excesos cometidos por el gobierno federal y su partido no tienen parangón. Para que sobreviva el sistema electoral mexicano, ambos comicios debieran ser anulados. De otro modo el proceso que conduce a 2018 será peligrosamente accidentado y podría conducir a una huelga electoral.

Habida cuenta de los riesgos de la aventura militar o de la ocupación extranjera sólo resta una solución: la movilización de los partidos de la oposición, de las organizaciones civiles y de la sociedad para recomponer un “modelo electoral agotado”, como lo llama Mauricio Merino. También una actuación más valiente y drástica de los órganos electorales que tiene en sus manos la continuidad pacífica el país.

La actuación de la autoridad electoral será discutible y hasta nefasta, si se comporta como reflejo de la correlación de las fuerzas políticas, en contra de su mandato constitucional: un órgano de Estado que atienda con certeza, legalidad, independencia y objetividad la función para la que fue creada. La crisis institucional de los órganos autónomos es que los jugadores designan a los árbitros y con frecuencia se convierten ellos mismos en juzgadores.

El diseño de los órganos electorales podría ser revisado en estado de emergencia. Transitar de la minucia a la substancia. De qué sirve por ejemplo la glorificación del PREP, cuando registra votos PREPagados y qué peso tiene la voluntad ciudadana cuando los poderes fácticos se trastocan en huachicoleros de la democracia.

El proceso electoral debiera ser simplificado. Sobreabundan las regulaciones que no se cumplen y sólo sirven para camuflar la violación de sufragio público. Las normas serían simples: sólo fondos públicos para las campañas bajo estricta fiscalización, prohibición absoluta del dinero privado legal o ilegal, que es el fermento de la corrupción; instauración en serio de la democracia directa y participativa, contrapeso de nuestros ridículos mandarinatos. La salud de la República está en juego.




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