15/07/2017

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Bitácora republicana

La miseria como competencia desleal


Porfirio Muñoz Ledo

El gobierno norteamericano, conforme a su propia óptica económica, ha colocado el grave tema de la elevación de los salarios en México como condición insalvable para la renegociación del TLCAN. Demanda impulsada en México por sindicatos independientes, fuerzas progresistas, académicos responsables y dirigentes sociales, ante la tozudez de las autoridades que se han ensañado en el descenso a la remuneración del trabajo.

En Estados Unidos se argumente que por “efecto de arrastre”, los salarios de ese país tampoco han podido alcanzar los niveles adecuados para no perder competitividad con México y otras regiones del mundo. La exigencia de incluir los temas laborales en el tratado provino del norte, ya que el gobierno mexicano condicionó la firma a que se excluyera el tema del salario así como los derechos humanos, que pasaron a formar parte de los “acuerdos paralelos” que no son vinculatorios. Un proyecto fundado en la explotación de la mano de obra y la reducción de las libertades civiles.

Después de las tres elevaciones generales de salarios -20% en 1973, 22% en 1974 y 23% en 1976- el diferencial de la remuneración básica entre los dos países llegó a ser de cuatro a uno. Por obra de la política oscurantista de los dos primeros gobiernos neoliberales, cuando la suscripción del tratado un trabajador norteamericano ganaba 13.15 pesos la hora, mientras que el mexicano ganaba 1.79: diferencial de doce a uno, que se ha venido acrecentando hasta llegar a la proporción 16 a 1.

Esta es la causa eficiente de que en 25 años 12 millones de compatriotas hayan migrado. La tasa de pobreza rebasa hoy el 55%; con 20 millones de personas adicionales, mientras que en Latinoamérica ésta ha descendido en el mismo periodo del 48 al 28 por ciento.

El Secretario de Comercio de Estados Unidos reiteró que la política salarial en México está afectando la economía norteamericana y es considerada como una práctica desleal o “dumping laboral” que daña a los trabajadores de su país, porque los inhibe en sus demandas ante la amenaza de que las inversiones emigren a nuestro país. Añade que el descenso de la capacidad adquisitiva en México impacta a toda Norteamérica porque se restringe la capacidad de consumir bienes generados por los tres miembros del tratado.

La depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos ha sido del 67.20%, a partir del pico al que se llegó hace 40 años, mientras el descenso en el salario mínimo llega al 82%. Si se hubiese continuado esa tendencia la remuneración básica sería de 244 pesos, lejano del los 80 pesos que se pagan al día.

Esta es la razón por la que tanto Republicanos como Demócratas urgen la elevación de los salarios mexicanos. Su argumentación es sólida: propiciar niveles de competitividad equivalentes en el mercado laboral, que permitan ensanchar el consumo interno de la región y promover el avance de todos los sectores productivos, incluyendo los servicios. Consideran que el salario es el parámetro de medición del mejoramiento de los países miembros. Justamente lo que hemos preconizado hace décadas: la remuneración al trabajo es el retrato más fidedigno de la justicia, el avance social y la potencialidad económica de un país.

México llega en condición de debilidad económica a la renegociación, principalmente por una deuda pública abultada y la carencia de inversión para infraestructura. Nuestra verdadera fortaleza reside en colocar como centro del debate la propuesta norteamericana sobre salarios y demostrar racionalmente que el diferencial existente ha sido el disparador de la migración que tanto parece preocuparles en su discurso xenófobo. Como contrapartida rehusarnos a aceptar como prioridad el modelo trasnacional de seguridad, cuyo quebrantamiento mucho debe a la desigualdad.

Por efecto del pluralismo político, la renegociación del tratado deberá tener un carácter democrático en nuestro país; mediante consultas informadas a los actores productivos y sociales, a los gobernadores y desde luego al Congreso de la Unión. El acuerdo original fue impuesto al país en el paroxismo del régimen autoritario. Sólo un senador lo voto en contra: el que esto escribe.

Ahora seremos todos: un negociador en cada hijo te dio.



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