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Artículo

¿Qué esconden?


Denise Dresser

¿Qué hubiera pasado si el juicio a Florence Cassez hubiera sido público? ¿Si el proceso que exoneró a Raúl Salinas de Gortari hubiera sido captado por las cámaras? ¿Si el trance legal del desafuero contra López Obrador hubiera sido transmitido por televisión? Algo simple, algo sencillo, algo poderoso. Procesos opacos se habrían vuelto transparentes. Decisiones cupulares se habrían vuelto intelegibles para cualquier ciudadano. El poder judicial habría mostrado cómo se comporta, para bien y para mal. Casos controvertidos sobre los cuales no hay consenso desembocarían en certezas compartidas, más que en dudas arraigadas. El lente colocaría a inculpados, a policías, a defensores y a jueces bajo la lupa. La cámara contribuiría a crear conciencia. Y cultura. Y verdad.

Verdad que deviene de presenciar, paso a paso, lo que sucede en un juicio. Contemplar los argumentos del fiscal, escuchar las versiones de los testigos, entender lo que concluye un juez. Cuando hay cámaras en un juzgado, la población puede discernir si un juez lleva bien el proceso, si demuestra sesgos, si el veredicto fue imparcial. Puede aprender sobre cómo funciona el sistema judicial que en México se ha caracterizado por su opacidad. Por su discrecionalidad. Por su falta de rendición de cuentas. Abrir los juzgados a la filmación sobre lo que ocurre en ellos vuelve público lo que debería serlo. Colocar cámaras es una forma de hacer valer el Artículo 20 de la Constitución: ese que dice el proceso penal se regirá por los principios de publicidad. Ese que dice “toda persona será juzgada en audiencia pública”.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Suprema Corte ha declarado que los objetivos de un juicio criminal son mejorados por el involucramiento público. Y los beneficios de los juicios abiertos son obvios. Fomentan la imparcialidad. Limitan la posibilidad de la mentira y el perjurio en la corte. Evitan decisiones basadas en sesgos o animadversiones secretas. Conducen a una catarsis comunitaria, como la que México nunca pudo tener con Florence Cassez o Raúl Salinas de Gortari. Satisfacen demandas de justicia en un país donde con demasiada frecuencia se aplica con la propia mano. Educan sobre cómo funciona el sistema.

Y probablemente porque en México lo hace de tan mala manera la resistencia a las cámaras es feroz. He allí la propuesta del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que prohíbe el ingreso de cámaras a los tribunales. He allí una nueva ley que restringe su uso, el cual considera tan peligroso como la introducción de armas de fuego. He allí la renuencia de la Procuraduría a airear, transparentar, videograbar, vigilar. He allí una nueva ley con viejas restricciones. Diseñada por reformadores incapaces de emular las mejores prácticas a nivel global, incapaces de suscribir lo que sí funciona en otros sistemas penales del mundo; incapaces de entender los beneficios públicos de algo que se esfuerzan en cercenar. El derecho a ver, el derecho a saber, el derecho a que los medios cubran aquello que le concierne a los mexicanos.

Rechazando la modernización con argumentos pueriles como “pondría nerviosos a los testigos”. O que “afecta la capacidad de los testigos de recordar los eventos sobre los cuales van a atestiguar”. O que “afecta la privacía de los testigos”. Cuando hay estudios que demuestran que los testigos prefieren participar en un juicio cubierto por los medios. Cuando hay estudios que demuestran que los testigos sí se ponen nerviosos pero prefieren la presencia de las cámaras y ello no afecta su capacidad para recordar los hechos. Cuando está demostrado que – cuando las cámaras corren – los abogados se comportan mejor. Cuando está demostrado que los juicios con presencia de medios inducen el arribo de testigos que quizás no se habrían presentado. En pocas palabras, los beneficios superan los perjuicios. En pocas palabras, la PGR no quiere que los mexicanos presencien juicios que tienen derecho constitucional a ver.

La PGR y el Senado insisten en prohibir cuando debería regular. Insisten en tratar a las cámaras como si fueran tan peligrosas como las armas. Insisten en decir “no” y ni siquiera explica por qué. Y ello sólo llevará a que haya más juicios poco imparciales, poco transparentes, poco escrutinados, poco desmenuzados. La población permanecerá a oscuras, sin saber qué ocurre en los tribunales que financia con sus impuestos. Y con las ganas de preguntar a cada juez, a cada procurador, a cada fiscal, a cada agente del Ministerio Público: “¿Qué esconden?”.




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