05/08/2017

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Bitácora republicana

El Huevo de Colón


Porfirio Muñoz Ledo

En días pasados fui invitado por Carmen Aristegui para conocer mi punto de vista jurídico en relación al tema del espionaje en nuestro país, sobre el cual se han intentado diversas acciones sociales y procesales que no han tenido la eficacia deseada. Le externé mi análisis constitucional a efecto de poder fincar responsabilidades a quienes autorizaron, al menos, once casos documentados a través de 76 intentos de infección en contra de periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos.

El ciberespionaje aparece hoy en numerosos países como una nueva modalidad de dominación social a través de la obtención ilegal de información de sus propios ciudadanos para coaccionar a personalidades políticas o económicas, sean aliadas o adversarias. Más allá de la fantasía orwelliana del Big Brother nos enfrentamos a una guerra cibernética que vacía de sentido los procesos electorales y la vida democrática de las naciones.

Con el propósito de mantener la red de intereses nacionales y extranjeros, nuestro Estado fallido intenta sobrevivir en la tabla de salvación del Estado policiaco. Evidencia de lo anterior son los espionajes perpetrados contra sectores claves de la población desde el malware “Pegasus” que supuestamente fue contratado por la anterior administración para perseguir delitos, pero ha sido utilizado por la actual en contra de quienes denuncian.

El uso perverso de dicha herramienta nos conduce al centro del problema de la corrupción, protegida por el círculo vicioso de inmunidad e impunidad. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo federal y la única posibilidad que se ha explorado es solicitarle que se investigue a sí mismo.

Esto no tiene mayor sentido porque hasta ahora la Procuraduría General de la República depende del Presidente y no alcanzará su autonomía sino hasta el 2018. A mayor abundamiento es inoperante para perseguir al Ejecutivo.

La solución del problema es simple, como el Huevo de Colón. La Constitución Federal en su artículo 108 establece que “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Éstos son, según la doctrina, los que superan el término medio aritmético de cinco años para su penalidad; ahora bien, el artículo 167, fracción VI del Código Penal Federal establece que a aquella persona que dolosamente interfiera las comunicaciones se impondrá de uno a cinco años de prisión; no obstante el artículo 177 del mismo ordenamiento determina que “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato judicial se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión”.

El artículo 111 de la Constitución establece que “por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores” y remite al procedimiento previsto en el artículo 110 relativo al juicio político. En este supuesto, dicha Cámara se convertirá en gran jurado y aplicará la legislación penal vigente. Por otra parte el artículo 109, fracción IV, tercer párrafo, habilita a cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, la presentación de elementos de prueba para formular denuncia contra cualquier autoridad electa.

De no prosperar las instancias nacionales y una vez integrado el expediente, es posible que las víctimas del espionaje acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que determine la responsabilidad del Estado mexicano y de los funcionarios responsables de los ilícitos cometidos. Existe además la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Interamericana para que emita una sentencia acompañada de las medidas de reparación integral del daño.

Si alguien pensara en acudir ante la Corte Penal Internacional, cuya competencia es debatible en este asunto, la denuncia tendría también que pasar por el Senado de acuerdo con el artículo 21, párrafo octavo de la Constitución.

Me permitiré enviar este artículo a las senadoras y senadores de la República que, en mi criterio, tienen la responsabilidad ética, jurídica y política de hacer valer la Constitución en esta materia y de tomar la iniciativa para establecer procedimientos claros y expeditos dirigidos al fincamiento de responsabilidades penales al Presidente de la República.

Por fortuna, este problema ha sido resuelto de raíz en la Constitución de la Ciudad de México eliminando el fuero y las inmunidades a todas las autoridades electas.




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