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10/11/2017

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La política del Derecho


Juan José Rodríguez Prats

Dirigir un pueblo ¡qué dilatación 

del yo!.- Bertrand de Jouvenel

 

Una de las cuestiones más relevantes en un auténtico estado de Derecho consiste en el acoplamiento entre política y derecho. El poder es la esencia de la política y el derecho regula, desde el acceso a éste, hasta su ejercicio y el castigo de sus desviaciones. Desde los primeros intentos de organización política la humanidad ha padecido el exceso de los hombres con poder. Por eso, surgió la necesidad de dividir su ejercicio buscando siempre el control. Poder y mecanismos de control han sido, asimismo, la esencia de la teoría del Estado.

Desafortunadamente, siempre se ha insistido en ser flexibles para castigar a quienes se han equivocado al decidir el destino de pueblos. Al paso del tiempo la historia emite su veredicto. Por eso, me llamó la atención lo dicho por Vladimir Putin en el centésimo de la Revolución Rusa y al inaugurar el Monumento de las Víctimas: “La represión no se compadeció del talento ni de los méritos ante la patria ni de la sincera entrega a ella. A cualquiera le podían inventar acusaciones, absolutamente absurdas. Este horrible

pasado no se puede eliminar de la memoria nacional y mucho menos en nombre de un supuesto supremo bien del pueblo”.

Lo anterior viene a cuento cuando vemos en Estados Unidos (régimen presidencial) cómo se va estrechando el cerco para sancionar a Donald Trump por los graves señalamientos de su sospechosa elección o el caso de España (monarquía constitucional y régimen parlamentario), donde la jueza, Carmen Lamela, somete a proceso a los líderes catalanes que incurrieron en graves delitos en su intento por independizarse.

Celebro que en el siglo XXI estemos viendo estos casos y lamento que la situación de México contraste ante la enorme impunidad que tanto desaliento y desmoralización ha creado en la ciudadanía.

Sorprende que muchos hablen de ser flexibles en el caso español, preocupados por lo que pueda acontecer al proceso electoral del 21 de diciembre. Me parece un grave error. Ahí es donde empieza el manoseo de la norma jurídica, la mezcla irresponsable de aplicar la ley con la preocupación de cómo pueda

reaccionar el electorado.

Eso, una y otra vez, nos lleva a la impunidad. Recuerdo cómo muchos alegaban un extremo rigor para llevar a juicio a Dilma Rousseff quien, efectivamente, no había cometido ningún delito, pero había incurrido en algo sumamente grave: la manipulación de la economía para lograr su reelección. Eso, que en México se hace de manera cotidiana, fue sancionado como se debe en Brasil.

No tengo ninguna duda. Tanto Robert Mueller, fiscal especial para el involucramiento ruso en la elección estadunidense de 2016, y la jueza Lamela están actuando conforme a la ley y a sus deberes. Me anima la certeza de que no están acatando consigna alguna.

En contraste, el cese de Santiago Nieto Castillo obedece, exactamente, a las causas contrarias. Cuando entramos en este tipo de flexibilidades el efecto es desastroso. Si queremos fortalecer la cultura de la legalidad, se deben

transmitir señales claras, castigar, sobre todo, a los poderosos, a quienes han ocasionado graves daños a sus gobernados.

Una democracia requiere política del Derecho, de un estricto rigor, sobre todo, de quienes asumen

responsabilidades públicas.

Bien lo dice Carlos Castresana, quien dirigió la Comisión contra la Impunidad en Guatemala por encargo de la ONU: “La sociedad no cambia el chip y no apuesta al estado de Derecho hasta que ve que el sistema es capaz de llevarse por delante a ricos y a pobres, a poderosos y desfavorecidos, a militares y a civiles, a millonarios y a sus empleados. Que la ley es igual para todos”. En México, es la hora de los jueces.






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