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Llave abierta


Denise Dresser

Una llave abierta de la cual sale el agua a raudales. Un grifo que nadie quiere cerrar. Así es el gasto público en México. Incontrolable, desparramado, desperdiciado. Usado para comprar reses y ranchos, adquirir aviones y elecciones, financiar desvíos y triangulaciones. Así lo describe el reporte más reciente de México Evalúa: “Arquitectura del Ramo 23”. Un informe que busca escudriñar, indagar, transparentar y que al hacerlo revela lo que tendríamos derecho a saber, pero no sabemos: cómo y en qué gasta el gobierno. Cuál es el destino del dinero de ciudadanos que pagamos muchos impuestos, pero recibimos pocos beneficios. Interrogantes sin respuesta, sin contestación, sin atención siquiera en esta temporada electoral.

Pero todos los candidatos deberían pronunciarse, contenderán por un Poder Ejecutivo que “adecúa” el presupuesto durante su ejercicio, y hace ampliaciones cuando se le da la gana, sin contrapesos. Cómo evitarán que los subsidios no sean regulados de manera adecuada, permitiendo las transferencias electoreras. Gane quien gane, heredará un gobierno gastalón, con incentivos institucionales para hacer trampa. Asumirá el control de un gobierno opaco en el cual las “ampliaciones” presupuestales se destinan a líderes sindicales y gobernadores y clientelas y burócratas de alto nivel.

Hoy no sabemos a qué programas se asignan los excedentes derivados de la renta petrolera o con qué criterios son elegidos. Hoy padecemos la más absoluta falta de control por parte del Congreso o de la ASF, que no pueden intervenir en el ejercicio del presupuesto. Sólo lo revisan cuando ya ha sido gastado de mala manera o desviado con fines políticos o para el enriquecimiento personal. Años después, nos enteramos de los desfalcos de los Duarte. Si la mala arquitectura institucional no cambia, nos enteraremos, años después, de los desvíos del próximo Gobierno, priista, frentista o morenista.

Lo que tiene que terminar son las decisiones discrecionales. Las desviaciones que merman el impacto del gasto público. La forma en la cual una SHCP partidizada y politizada ejecuta el gasto conforme a lo que el Presidente le pida. Un gasto federalizado que lleva a malas gestiones, carreteras con socavones, dinero dirigido a empresas fantasma, obras mal ejecutadas y mal terminadas, año tras año. En lo que va del sexenio, el gasto del gobierno federal superó el presupuesto aprobado en 1.46 billones de pesos; en cada uno de esos años, en promedio, se gastaron alrededor de 293 mil millones más de lo autorizado. Y ese malgasto se canalizó principalmente vía rubros opacos -como el Ramo 23- para premiar a amigos y estrangular a enemigos: bajo Peña Nieto el Estado de México ha recibido máximos históricos en años electorales mientras que Chihuahua fue un estado castigado en 2017, cuando recibió 22 veces menos de lo que obtuvo en 2016. No se gasta por política pública sino por afinidad política.

Ahora que los candidatos presentan ambiciosas propuestas para desatar el crecimiento económico a través de la inversión pública, les preguntamos: ¿Cómo creer que esto pasará sin una revisión a fondo de los mecanismos de asignación del gasto? ¿Sin una rendición completa de cuentas sobre los resultados? ¿Sin lo que debería ocurrir para que el dinero no acabe en manos de gobernadores afines mientra se castiga a gobernadores que no lo son? ¿Mientras se siga usando al Ramo 23 como instrumento político para apuntalar a amigos y debilitar a enemigos?

En México el presupuesto ha sido un caudal para los políticos, y no una fuente para los ciudadanos. El imperativo de cerrar -o mínimo regular y transparentar- el Ramo 23 en un tema definitorio para el futuro de un país carcomido por la corrupción, partido por los privilegios, dañado por el desvío del gasto público. Y es un tema que incomoda a los tres punteros: a José Antonio Meade porque vio y permitió los malos manejos de la SHCP, a Ricardo Anaya por la práctica de moches que benefició al PAN, a AMLO por la renuencia a transparentar su gestión en la Ciudad de México. Y sólo podrá enarbolar de manera legítima la promesa de cambio y transformación profunda del régimen quien se comprometa a aclarar cómo gasta el gobierno. Quien manifieste su preocupación por la existencia de un llave abierta donde desaparece el dinero de todos. Quien se comprometa a cerrarla.



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