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Artículo

Coldwell-Gate


Denise Dresser

En México el conflicto de interés ni siquiera es conflicto. No es problema. No es motivo de preocupación. No es área de regulación. A pocos les quita el sueño un tema central para el florecimiento de la corrupción en el país. A pocos les molesta que sea una costumbre arraigada. Una práctica avalada. Una tradición aceptada. Tan es así que la ley permite que el conflicto entre la labor pública y el aprovechamiento privado ocurra sin sanción. Tan esa así que en el caso reciente de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, sus colegas priístas declaran de manera airada y sin ningún empacho: “No viola ninguna ley”. “No es inmoral”. En pocas palabras, como lo escribió Samuel Butler: “El canibalismo es moral en un país de caníbales”.

En México es legal ser legislador y litigante. Es legal ser político y empresario. Es legal ser Secretario de Energía y accionista de empresas que posiblemente se beneficiarán de la reforma energética. Es legal tener 60 por ciento de las acciones de “Servicio Cozumel”. O 40 por ciento de “Gasolinera y Servicios Juárez”. O 25 por ciento de “Combustible San Miguel”. O 20 por ciento de “Servicios Combustibles Caleta”. Es “moral” reconocerlo pero no hacer nada para cambiar una situación legalmente permisible, pero éticamente inaceptable, que daña al país al permitir que sus funcionarios lo ordeñen. Una situación que emerge cuando un servidor público promueve y defiende intereses privados, como los de su familia.

Pero en lugar de legislar para cerrar lagunas, el PRI da argumentos para defender su existencia. Como declara el intachable Emilio Gamboa: “No está engañando a nadie”. “Él mismo presentó esta información”. Su familia está metida en esos negocios desde 1960”. “No ocupa ni diez minutos de su tiempo para ver esos negocios que están diciendo que tiene”. He allí al priísmo defendiendo lo indefendible. Protegiendo una cultura apuntalada por la ley que permite que cualquiera que llegue al poder lo utilice para promover sus intereses; para intensificar su influencia; para conseguir contratos que se traduzcan en pesos. El problema no es si Pedro Joaquín Coldwell vaya a aprovecharse de un marco legal que permite manufacturar millonarios dentro del servicio público. El problema es que ese marco legal persista.

El problema es que Pedro Joaquín Coldwell será el presidente del Consejo de Coordinación del Sector Energético. Será el responsable de la selección de áreas que podrán ser objeto de nuevos contratos que la reforma energética permitirá. Será -con la asesoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos- el responsable de las licitaciones y el otorgamiento de permisos. Tendrá en sus manos información privilegiada y poder decisorio que podría usar en beneficio de sí mismo o de sus hijos. Y ante esa posibilidad no basta avisar que tiene acciones en al menos seis compañías del sector energético en Quintana Roo, donde fue gobernador. No basta emitir un comunicado en el cual se nos afirma que Coldwell “nunca ha intervenido para solicitar beneficio alguno”.

Habrá que llenar los vacíos en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que –hoy- no obliga a los funcionarios a rechazar el poder de decisión en cualquier compañía privada de la cual forman parte. Habrá que diseñar una legislación más fuerte que obligue a la clase política a transparentar sus intereses económicos. Habrá que -como lo hace Chile- obligar a que declaren en qué áreas tienen intereses privados. Habrá que establecer barreras para que no puedan usar su puesto para servir a esos intereses.

Porque si no legislamos de manera distinta en este tema seguiremos permitiendo la corrupción política. Contribuyendo al retraso económico. Aceptando el canjeo de influencia a cambio de afluencia. Y no es que el PRI sea el único partido experto en eludir el conflicto de interés y aprovecharse de los huecos legales para decir que no ocurre. Juan Camilo Mouriño lo hizo también cuando firmó contratos que beneficiaron a su familia, cuando fue presidente de la Comisión de Energía. Diego Fernández de Cevallos lo hizo también cuando -en tantas ocasiones- actuó como abogado de intereses privados ante un gobierno del cual formaba parte. Y al igual que ellos tantos más: los que han construido fortunas valiéndose de las ventajas que lo público le regala o le vende a lo privado. Aquello que la ley no les prohíbe, tantos políticos lo hacen con gusto y lucrativamente. Un vacío legal que les permite responder ante la revelación de un claro conflicto de interés: ¿Cuál conflicto?




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