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Artículo

¿Corte cortesana?


Denise Dresser

Cuatro ministros vestidos de toga negra, asentados en la punta del poder judicial. En el sitio donde supuestamente se deben dirimir los temas más importantes y las cuestiones más relevantes. En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde tienen la tarea de hacer valer los derechos constitucionales de cada ciudadano. En un recinto en el cual les corresponde darle sentido vital y moral a la Carta Magna. Enfrentando, la semana pasada, un caso crucial para todos los que pagamos impuestos: el amparo promovido por 19 analistas y escritores y académicos contra la condonación del pago del ISR a estados y municipios. El amparo contra un rescate fiscal escandaloso. El amparo de #YoContribuyente.

Un caso que definiría si los ciudadanos tienen “interés legítimo” para promover amparos que cuestionen al gobierno sobre el ejercicio de recursos públicos. Un caso que preguntaba la constitucionalidad de permitir que los estados y municipios dejen de pagar los impuestos que deben. Un caso que preguntaba si los contribuyentes tienen derecho a conocer el destino de sus contribuciones al gasto público. Así de importante. Así de trascendental. Confrontando la validez de un favor gubernamental injusto. Abordando la violación del principio de equidad fiscal, que otorga privilegios a unos, pero no a otros. Evidenciando la opacidad que persiste en el manejo de los recursos públicos. Y una Suprema Corte que parece proteger todo eso.

Porque el asunto se votó en menos de 5 minutos. Porque en una votación de 3-1 se desechó – sin explicaciones – el proyecto del Ministro José Ramón Cossío que validaba el “interés legítimo” de los ciudadanos a cuestionar un rescate fiscal irregular. Porque en lugar de responder a las interrogantes que el caso generó, prefirieron no contestarlas. La mayoría de los ministros optó por simplemente decir “no”. No, los ciudadanos tienen que contemplar pasivamente cómo los gobiernos se quedan con recursos que no les pertenecen. No, los ciudadanos tienen que aceptar silenciosamente el trato diferenciado que convierte a un manojo de actores políticos en “Contribuyentes VIP”.

Aquellos a quienes no se les aplica el Código Fiscal de la Federación que impone una sanción de nueve años de prisión – por el delito de defraudación fiscal– a quien omita enterar a las autoridades fiscales las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera recaudado o retenido. Aquellos a quienes no se les castiga por beneficiarse sin derecho de un subsidio o un estímulo fiscal. Los amigos, los cuates, los compadres, los que se quedan con dinero que no les pertenece y luego lo ocultan. 40 mil millones de pesos producto de esa exención fiscal que nadie sabe a dónde fueron a parar. Cómo se gastaron y en qué. Qué elección compraron y cuándo. Una red de políticos irresponsables a quienes nadie puede auscultar porque gozan del la confidencialidad fiscal. Porque los recursos que recibieron no tuvieron que pasar por la aprobación de los congresos locales. Y la Suprema Corte acaba de avalar esa opacidad, esa arbitrariedad, esa injusticia.

Injusticia prolongada por el hecho de que la Secretaría de Hacienda –a pesar de dos resoluciones del IFAI a favor de la transparencia- se niega a difundir la lista de los estados y municipios privilegiados. Injusticia exacerbada por el hecho de que el nombre de un contribuyente que no pague el ISR puede acabar en una lista negra del SAT, pero el nombre de un gobernador que recibió un regalo fiscal del Congreso, jamás aparecerá allí. Injusticia que la Suprema Corte podía haber corregido, porque tiene la facultad de imponer criterios de transparencia sobre la identificación de gobiernos que se beneficiaron con el perdón fiscal.

Pero la SCJN prefirió no ejercer sus atribuciones por presión del Ejecutivo o por presión de la Secretaría de Hacienda o por presión del SAT. O por miedo a abrir una caja de Pandora de la cual podrían salir todas las irregularidades que acompañan el ejercicio del gasto público en México. Y los más de 44 mil firmantes del amparo #YoContribuyente merecíamos algo mejor. Una explicación al menos. Un debate al mínimo.

En lugar de ello lo que presenciamos fue un proceso desaseado en el cual la Suprema Corte atrajo el caso para después ni discutirlo siquiera. Merecíamos algo que nos ayudara a entender por qué el poder judicial permite que el Congreso – con la condonación del ISR – engendre monstruos subnacionales que gastan mal y sin sanción. Merecíamos un máximo tribunal que se comportara como una Corte autónoma y no como una Corte cortesana.




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