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Artículo

Abusómetro


Denise Dresser

El robo del siglo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Millones de pesos destinados a maestros que no dan clases, administradores de escuelas que no administran, líderes sindicales que se embolsan el presupuesto educativo en lugar de entregarlo a los niños de México. Allí constatado en el “Abusómetro”: un espectacular electrónico colocado en la capital, que mide lo que el magisterio malgasta. Un recordatorio vergonzoso. Un llamado de atención embarazoso. Una denuncia en torno a aquello que nos aqueja: México gasta más del Producto Interno Bruto en educación que Brasil, España, o Suiza. Pero el dinero no se usa para educar; se sustrae para enriquecer.

Allí a la altura de San Ángel, sobre el Periférico, está el marcador electrónico de los recursos que se desvían. Los recursos que se roban. Los recursos que desaparecen sin control alguno. Nutrido con las cifras oficiales del censo educativo llevado a cabo por el INEGI en 2013 que revelan carencias como 45 por ciento de las escuelas sin drenaje. 11 por ciento sin sanitario. 31 por ciento sin agua corriente. 35.8 por ciento sin área deportiva. 94 por ciento sin laboratorio en sexto de primaria. 82.4 por ciento sin drenaje en Oaxaca. Cifras desoladoras, cifras decepcionantes, cifras que subrayan que el gasto en educación no va a donde debería ir.

Y junto a las carencias exhibidas, el abuso expuesto. 298 mil 174 pagos irregulares o ilegales a maestros que no están en el aula porque son aviadores o comisionados o están en “otro centro de trabajo” o ya se jubilaron, pero su nombre sigue en la nómina. La ONG Mexicanos Primero ha hecho los cálculos de cuánto cuesta y nos cuesta esta catástrofe. $35 mil millones de pesos cada año; $95 millones de pesos diarios; $1,000 pesos por segundo. Recursos con los cuales se podrían construir 24 escuelas al día. Pagarle al menos $17 mil pesos mensuales a cada maestro en servicio. Alimentar a 12 millones de niños en la escuela diariamente. Becar a 6 millones de jóvenes cada año. Invertir 80 veces más en la capacitación de los maestros. Pero en lugar de ello, el Estado financia docentes invisibles o jubilados o desaparecidos o muertos.

Permitiendo así un atraco, sexenio tras sexenio, a nivel nacional y estatal. Autoridades que engrosan e ignoran y tapan y solapan. Gastando malamente $35,000 millones de pesos que equivalen a 7 veces el presupuesto de la Suprema Corte. 3 veces el del Poder Legislativo. 2 veces el de la Procuraduría General de la República. Institucionalizando esta situación con bases de datos incorrectas, leyes de contabilidad gubernamental incumplidas, registros de alumnos, maestros y escuelas no fiables, un registro inicial de maestros al cual no tiene acceso el público. Estados como Oaxaca, Chiapas, y Michoacán donde no se pudo ni siquiera censar a altos porcentajes del personal. Donde miles de maestros se rehusaron a contestar a los encuestadores qué hacen en la escuela.

Y el gobierno ni siquiera cuenta con información correcta sobre el sistema educativo que nos dicen censó y evaluó. Como revela el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, “La pedagogía de la transparencia: Desafíos de la opacidad en la educación pública en México”, los datos del censo están mal capturados; los archivos están presentados de tal manera por las entidades federativas que hace imposible identificar la información completa que contienen; la mitad de los campos que se requieren están vacíos; hay estados como Quintana Roo que no han entregado su información entre semestres consecutivos; 56 por ciento de los archivos entregados tienen errores de formato y los estados regularmente mandan los datos solicitados de manera extemporánea.

Por ello la urgencia de poner fin al abuso. De exigir un alto al atraco. De demandar que la falta de transparencia debe tener consecuencias jurídicas y presupuestales para los gobiernos estatales. De demandar que las ampliaciones presupuestales del Ramo 23 se condicionen a la entrega correcta de nóminas magisteriales. De demandar que las inconsistencias y falta de entrega en la información deben generar una fiscalización especial de la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso federal. Aunado a la exigencia de poner orden en la nómina magisterial y acabar con el despilfarro. Pagar únicamente a quienes sirven a los niños y no a quienes se sirven del presupuesto. Liberar el dinero robado para educar ciudadanos en lugar de financiar clientelas. Combatir la secrecía y la burocracia y la opacidad. Y algún día apagar el “Abusómetro” porque logramos que marque en ceros.




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