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Adiós a la autonomía


Denise Dresser

Adiós a lo prometido. Adiós a lo celebrado. Adiós a aquello que debíamos celebrar y que ahora comenzaremos a extrañar. La autonomía de órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Instituciones creadas para ser un vigilante del Estado, una valla de contención ante los intereses privados, una salvaguarda capaz de cobijar - y hacer valer- los derechos ciudadanos. Instituciones diseñadas para regular, transparentar, intervenir, decidir, sancionar. Ahora en riesgo de volverse comparsas del poder en lugar de su contrapeso. Ahora en una situación en la cual su credibilidad está siendo cuestionada, su autonomía acechada, su capacidad para hablar en nombre de la sociedad, en entredicho. Otra conquista ciudadana en peligro.

Porque la clase política se llena la boca exaltando la “autonomía”, pero hace todo para debilitarla. Porque todos dicen querer transparencia y competencia y regulación, pero en un sector que no sea el suyo. Y por ello presenciamos la selección de comisionados del IFAI que no deberían estar allí, o leyes secundarias que le arrebatan al IFETEL los dientes que debió haber tenido. Demostrando de esa manera que los órganos “autónomos” no lo van a ser tanto. Que la aplaudida autonomía resulta incómoda para intereses políticos. Para intereses empresariales. Para aquellos que quieren seguir recibiendo privilegios fiscales, gozando posiciones monopólicas, obstaculizando la competencia, evadiendo la transparencia.

De no ser así, cómo explicar posicionamientos recientes, votaciones cuestionables, decisiones que van en contra de lo que el IFAI y el IFETEL deberían promover. Como la mayoría de los comisionados que integran el órgano de transparencia, votando para no presentar una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. Para no pedir que la Suprema Corte se pronunciara sobre temas tan controvertidos como la geolocalización de personas vía sus teléfonos celulares y el almacenamiento de comunicaciones privadas de particulares -por empresas de telecomunicaciones- durante dos años. Para ignorar la exigencia de más de 200 organizaciones sociales preocupadas por el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. El IFAI contribuyendo así a la vulneración de derechos humanos fundamentales. Actuando el contra de directrices mundiales que protegen las comunicaciones personales de la intervención estatal, protegen la vida privada, protegen al ciudadano del espionaje del gobierno.

El IFAI rehusándose a enviar un asunto espinoso a la Suprema Corte, donde debió haber sido discutido, aireado, sopesado, votado. El IFAI a contrapelo de su razón de ser, sucumbiendo frente al argumento gubernamental envuelto –tramposamente- en la bandera de “la seguridad pública” y “el combate al crimen organizado”. El IFAI ayudando a que el Estado pueda espiar no sólo a presuntos secuestradores sino también a opositores, periodistas críticos, activistas, defensores de derechos humanos. Cualquiera que busque ejercer su derecho a disentir.

O qué decir de la votación reciente en el IFETEL, en la cual dos comisionadas valientes –Adriana Labardini y María Elena Estavillo– plantearon una demanda similar. Llevar una demanda de inconstitucionalidad a la Suprema Corte por aquello que la Ley Federal de Telecomunicaciones le quitó al organismo al que pertenecen. Las atribuciones que le arrebató. La capacidad de decisión que le cercenó. El poder regulatorio que le restó. Y basta con leer la versión estenográfica de la sesión del 3 de septiembre para constatar la pobreza argumentativa de quienes se negaron a apoyarlas. Ninguno dijo por qué la exigencia de que la Suprema Corte se ocupara del tema no procedía. Ninguno explicó por qué esa exigencia era riesgosa o contraproducente. Ninguno expuso por qué el Tribunal Supremo no debía ocuparse de un asunto crucial para las facultades del IFETEL. Más bien se congratularon de lo bien que quedó la ley, aunque les atara las manos.

Demostrando así la abdicación voluntaria a sus facultades. La reticencia a asumir su papel a plenitud y el valor civil que eso implicaría. El adiós que la mayoría de los comisionados están dispuestos a decirle a la autonomía que se les dio y por la cual tanto peleamos.

Dice el escritor J.M. Barrie: “Nunca digas adiós, porque adiós significa irse e irse significa olvidar”. Y no debemos olvidar para qué existe la autonomía del IFAI y del IFETEL: para que sirvan al interés público y no al revés.






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