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Omisión e indiferencia


Denise Dresser

En México, ser mujer implica no poder decidir sobre tu propio cuerpo si no vives en el Distrito Federal. En México, ser mujer significa que otros –funcionarios, sacerdotes, esposos, hombres– todavía pueden decidir tu destino. En México ser mujer implica todavía tener que pelear por el derecho a serlo plenamente. Lejos aún del aborto legal y seguro. Lejos de la salud reproductiva y la información necesaria para asegurarla. Lejos de la no discriminación y la autonomía. Todos ellos derechos consagrados en la Constitución pero ignorados en la práctica. Todos ellos derechos contenidos en los tratados de derechos humanos que México subscribe pero ignora. Y por eso las mujeres de nuestro país siguen sentadas en el vagón de atrás, en la cabina de segunda clase, en la retaguardia de una historia que podrían escribir pero no se les permite hacerlo.

Produciendo así un país lleno de desigualdades, de falta de oportunidades, de todo lo que pudo haber sido pero no fue. Las mujeres con recursos económicos pueden viajar al DF o al extranjero a realizarse un aborto. Pero las mujeres pobres, menos educadas, indígenas, no. Ellas son las que están expuestas a abortos insalubres, a métodos inseguros, a agujas de tejer, a sábanas roídas, a médicos apócrifos. Los abortos inducidos en México – como lo explica un reporte reciente del Grupo de Información en Reproducción Elegida – ha aumentado de 500 mil estimados en 1990 a 874 mil 747 en 2006, con una tasa que subió de 25 a 38 abortos por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva. Según datos de la Secretaría de Seguridad federal, en 2010 el aborto significó 11% de las muertes maternas. Una de las tasas más altas del mundo. Una tasa de la cual deberíamos avergonzarnos como país.

Y mientras tanto los señores de sotana siguen cabildeando. Las buenas conciencias siguen presionando. Actualmente existen 127 sentencias en 19 entidades federativas por el delito de aborto. Una elección individual que es criminalizada, perseguida, castigada. Una opción dolorosa cuyas consecuencias las padece cualquier mujer que la haya tomado, y frente a la cual el gobierno no debería intervenir. Pero la normativa en la mayor parte de los estados carece de perspectiva de género, y peor aún, de evidencia científica. En más de diez códigos penales se refieren a la mujer que aborta como “la madre”, en 28 definen al aborto como la “muerte del producto de la concepción”, cuando según la Organización Mundial de la Salud es la interrupción del embarazo y el embarazo inicia con la implantación y no con la concepción, es decir cuando el óvulo fecundado se adhiere a la pared del útero y no en el momento de la fecundación. En la mayoría de los estados impera la moral y la religión en lugar de la ciencia y la razón.

En Tlaxcala, una mujer que aborta –por la razón que sea- pierde su libertad por hasta dos meses. En Jalisco por hasta cuatro años. En Aguascalientes y Nuevo León por hasta un año. En Baja California Sur por hasta dos años. En Campeche y Quintana Roo por hasta dos años. En Baja California Norte, Morelos, Oaxaca, Puebla Tamaulipas y Yucatán hasta por cinco años. Así, una larga lista de injusticias cometidas en nombre de Dios, del “derecho a la vida”, de lo que los sacerdotes mandan y los hombres suscriben. Una larga lista de arbitrariedades cometidas contra mujeres que son violadas, secuestradas, torturadas, víctimas del incesto, obligadas por sus propios esposos. Ovilladas. Maltratadas. Encarceladas.

GIRE se ha abocado a recopilar los casos de mujeres que han sido procesos penales documentados hasta 2013 y describe una historia de horror. La mayoría de las sujetas a procesos penales tienen muy pocos recursos financieros y de información. La mayoría fueron denunciadas al Ministerio Público por parte del personal hospitalario. La mayoría fueron presionadas para hacer confesiones por los médicos y las policías. La mayoría fueron maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y las procuradurías. La mayoría vio como su debido proceso fue violado ya que no se les informó de los cargos en su contra, ni se les dijo que tenían el derecho a permanecer en silencio y a obtener una representación legal. Todas son mujeres mexicanas cuyos derechos fundamentales fueron violados. Todas nos deben preocupar, ocupar, consternar.

Leo el reporte de GIRE con el corazón encogido. Con los puños apretados. Pensando en mi hija Julia – de 17 años- y cómo el país en el que nació y ha crecido considerará su derecho a decidir como un tema criminal y no como un asunto de derechos humanos. Cómo México transforma a mujeres titulares de derechos en presuntas criminales. Y en cuánto tendremos que seguir peleando y trabajando y luchando para que ella y tantas más sean consideradas ciudadanas con derechos plenos. El derecho a decidir, el derecho a amar, el derecho a equivocarse, el derecho a “ser lo que se es”, como escribiera Rosario Castellanos. Una mujer completa, con cabeza, corazón, útero y la capacidad para decidir cuándo y si lo usa.






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