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Artículo

De INErte a INExorable


Denise Dresser

No. No es un asunto de “rabia”. No es un tema de “filias y fobias”. No es una cuestión de “impertinencia”. No es por eso que más de 140 mil ciudadanos han exigido que el Instituto Nacional Electoral intervenga para quitarle el registro al Partido Verde Ecologista. Es por una cuestión central para el desempeño y la dignidad y la viabilidad del sistema democrático: el respeto a la ley. El respeto a la equidad electoral. El respeto que las instituciones deben mantener ante los ciudadanos cuyos derechos supuestamente vigilan. Respeto que el INE resquebraja al simplemente ignorar las firmas ciudadanas y los argumentos jurídicos - plasmados en un documento de 54 cuartillas- que las acompañaron. Respeto que el INE pierde cada día que ni siquiera discute si las violaciones cometidas por el PVEM son suficientes para quitarle el registro o no. Cada día que no aclara cuántas violaciones “sistemáticas y reiteradas” a la ley -10, 100, 10,000 o 10 millones- son suficientes para catalogar al Verde como un partido desleal al marco institucional que debe ser retirado de la contienda.

Y hay quienes declaran que ésa es una medida “extrema”. Que el partido ya ha sido sancionado. Que la “cura” puede ser más nociva que la “enfermedad”. Que los electores decidan. Pues he aquí el contra-argumento. El respeto a la ley no es un ejercicio plebiscitario. Decir que los ciudadanos deben decidir si el Verde se queda en la vida política o no es como sugerir que también nosotros debemos decidir si obedecemos la ley o no. Es equivalente a sugerir que la autoridad avala que un partido haga trampa antes de la elección y no importa, porque el elector puede evaluar si la violación a la ley fue grave o no, sancionable vía el voto o no. Es equivalente a decir que la ley vale lo que un pepino. O un tucán.

Es muy grave que el INE no esté dispuesto a discutir cómo el Partido Verde ha trastocado las reglas del juego democrático. Cómo ha obtenido ventajas indebidas en la contienda electoral. Cómo las sanciones han sido insuficientes o tardías o han generado incentivos para “Haz trampa primero y paga la multa después”. Cómo el PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para posicionarse ante la ciudadanía. Es muy grave que el INE no explique los motivos y fundamentos de su inacción ante lo que la ley prevé como razones para la pérdida del registro.

He aquí - para refrescarle la memoria al INE - la lista de las violaciones “reiteradas y sistemáticas” a la ley que no considera lo suficientemente importantes como para pronunciarse al respecto. El uso de recursos públicos y privados ilegales. La contratación y adquisición de cerca de 300 mil “spots” de manera ilegal. La transmisión ilegal en los tiempos del Estado mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales. La contratación de propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todo el país. La compra y transmisión ilegal de propaganda –“cineminutos”- en cientos de salas cinematográficas. La propaganda ilegal en tortillerías. La contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa. La distribución de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales. La campaña ilegal para la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos.

El uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse. La invasión a la privacidad - mediante la obtención ilegal de datos personales- para llamar a casas y teléfonos celulares. La impresión y distribución de 4 millones de calendarios hechos con materiales no degradables, prohibidos por la ley. El desacato reiterado de órdenes provenientes del INE para suspender su propaganda ilegal.

Hay a quienes esta lista no les parece un comportamiento extremo que requiere medidas extremas. Hay quienes creen que la ley se puede violar y el ciudadano decidirá si esa violación es motivo para dejar de votar por el Verde. Pero esa lógica supone que la ley está allí para ser ignorada, canjeada, vendida o negociada. Supone que las reglas no importan y la autoridad que vigila su cumplimiento tampoco. Supone que carcajearse de la ley es válido, si se paga una multa después de ganar una contienda que ya se volvió inequitativa. Y quienes exigimos que el INE le quite el registro al Verde no lo hacemos por impertinencia. Lo hacemos porque todavía queremos creer que la democracia electoral puede y debe funcionar. Que la autoridad puede y debe actuar. Que el INErte debe volverse el INExorable.




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