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Artículo

La cuatitud


Denise Dresser

“Que quien me investigue sea mi cuate para ver si favorecí a mi cuate”, escribió la periodista Katia D'Artigues. He allí la frase lapidaria que resume la investigación sobre el conflicto de interés en México. He allí el resultado de llevar a cabo un proceso en el que quien decide si hubo conflicto de interés -Virgilio Andrade- llegó al puesto con un conflicto de interés. He allí el precio de que un empleado evalúe a su empleador en lugar de que un fiscal independiente lo haga. Todos exonerados, nadie acusado. Todos impolutos, nadie culpable. Todos actuando dentro de la ley, nadie en esa zona gris que permite violar su espíritu. La cuatitud. El tráfico de influencias. Los privilegios. Los favores. Y las exoneraciones a modo.

Después de 6 meses de investigación, un expediente de más de mil cuartillas, entrevistas con 111 funcionarios, revisión de cheques y contratos, y el escrutinio de contratos gubernamentales con el Grupo Higa, lo único que hizo Virgilio Andrade fue exponer cómo (mal) funciona el país. Lo único que logró fue evidenciar aquello que se ha vuelto cada vez más obvio. Las relaciones opacas, personales y discrecionales que rigen la vida pública y empresarial del país. La elasticidad en el concepto de “funcionario público” y las responsabilidades que entraña. La toxicidad con la cual Televisa participa en la política, en la construcción de la pareja presidencial, y en la actuación que ha tenido y tendrá. Las implicaciones que tiene para la rendición de cuentas la ausencia de instituciones y autoridades autónomas capaces de asegurarla. Las leyes elaboradas para que el conflicto de interés ni siquiera sea conflicto.

Por ello Virgilio Andrade puede encabezar y divulgar una investigación que constituye una burla a la inteligencia de la población. Una investigación que no pasaría la prueba de la probidad en cualquier democracia. Una investigación donde se deja de lado lo que llevó a las “interpretaciones” indignadas pero erróneas según Enrique Peña Nieto. Que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, obtuvo un préstamo no bancario a una tasa del 5 por ciento de interés para comprar una casa a menos de su precio de mercado a un empresario que tiene 22 contratos celebrados con el gobierno. Que Angélica Rivera obtuvo un bono y una casa al salir de Televisa, a la par de facilidades inusitadas con las que cualquier otro ciudadano no cuenta para construir y pagar la Casa Blanca. Que Enrique Peña Nieto compró la casa de Ixtapan de la Sal a otro contratista beneficiado del gobierno, pero lo hizo cuando no era “funcionario público”. Que el Grupo Higa no ha recibido trato preferencial porque 111 funcionarios lo niegan, porque no existen documentos que lo prueben, porque las normas que regulan el conflicto de interés son tan vagas que lo validan.

Y por eso las preguntas para las cuales no hay una respuesta gubernamental creíble. Si no hubo presiones e intervenciones y favoritismo para el Grupo Higa ¿por qué se canceló la “impoluta” licitación del tren México-Querétaro? Si no hubo conflicto de interés ni tráfico de influencias en la compra de la Casa Blanca, ¿por qué Angélica Rivera la devolvió a Grupo Higa en diciembre 2014 y por qué tardaron seis meses en anunciar que eso había sucedido? Si Televisa rutinariamente paga jugosos bonos y lujosas casas a actrices cuando dejan de trabajar para la empresa ¿acaso sus accionistas lo saben y forma parte de los reportes anuales exigidos por las autoridades regulatorias estadounidenses? Si es posible llevar a cabo todas estas actividades sin sanción de la ley ¿no hay algo muy mal con la ley?

La ley hecha para poder otorgarle contratos a cuates. Para poder comprarles casas en términos privilegiados. Para poder ser Presidente electo o jefe de campaña sin ser catalogado como “funcionario público”. Para que las responsabilidades administrativas de servidores públicos en México permitan hacer lo que hicieron Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, Luis Videgaray, Juan Armando Hinojosa y Ricardo Arturo San Román sin que esto sea considerado punible. Para lo que en otros países es considerado un claro conflicto de interés aquí sólo sea un malentendido. Para que el encargado de aclararlo no cuente con la independencia política, legal o financiera que apuntale su credibilidad.

Lo que necesitamos entonces no es una disculpa presidencial ni un mea culpa del Secretario de Hacienda. Lo que urge es adoptar las mejores leyes y las mejores prácticas internacionales para combatir el conflicto de interés. Y eliminar la cuatitud en lugar de institucionalizarla.




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