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Artículo

Juzgar a los juzgadores


Denise Dresser

Una Suprema Corte sin cuotas o cuates. Un Tribunal Supremo sin sometimientos al poder ni conformada para hacer sus encargos. Un recinto autónomo que vele por los derechos fundamentales y no los favores políticos; que interprete la Constitución para darle vida democrática y no sentido oligárquico; que se erija como contrapeso y no como comparsa; que involucre a los ciudadanos en un diálogo sobre el significado de la Carta Magna. Eso exigimos. Eso merecemos. Eso peleamos. Eso es lo que el Senado debe asegurar ahora que revisa las ternas que Enrique Peña Nieto acaba de enviar para ser auscultadas y votadas. Ternas que sorprenden por la diferencias en calidad, por la nebulosidad de algunos perfiles y lo absurdo de otros. Como si el Presidente y su consejero jurídico hubieran hecho caso omiso al movimiento que se conformó para denunciar lo que había pasado en el caso de Eduardo Medina Mora y evitar su repetición.

Ese intento burdo - avalado por el Senado -- de volver a la Corte un símbolo y un instrumento del poder político vía la colocación de compadres. Vía el nombramiento y la votación fast track para evitar la auscultación. Para evitar la participación ciudadana. Para evitar un proceso abierto, transparente, adversarial que obligara a cada nominado a definir su posición en temas centrales. En lugar de ello vimos la locomotora del Poder Ejecutivo pasar por encima de un Senado que permitió ser arrollado. Gracias a un PAN abyecto. Gracias a un PRD cuya bancada completa no se presentó a votar. Gracias a un proceso que permite todo eso. El fait accompli. La terna en donde dos se prestan al juego de ser contendientes cuando sólo uno lo es. La fachada democrática que esconde las pulsiones autoritarias.

No podemos permitir que eso pase de nuevo, manchando a la Corte, mancillando su reputación, poniendo en duda su independencia, colocando en tela de juicio la calidad de sus miembros. De allí la importancia de que el Senado haga su trabajo. En el documento que Peña Nieto envía al Senado habla de la importancia de las cualidades humanas, morales y profesionales de las mujeres y los hombres llamados a integrarse como Ministros en el más Alto Tribunal de México.

Pero en lugar de presentar un argumento razonado, sofisticado, completo sobre las seis personas que propone, simplemente expone sus currículums. Tiene tantos años, estudió en tal lugar, presentó tal conferencia. Nada sobre sus posturas en torno al derecho a decidir, nada sobre la despenalización de la mariguana, nada sobre los derechos humanos, nada sobre el interés legítimo", nada sobre la implementación de los juicios orales. Nada sobre qué piensan en torno al papel de la Corte y su desempeño.

Ahora el Senado tiene 30 días para votar y ojalá use bien su tiempo para iniciar un proceso de auscultación serio. De confrontación larga y profunda a cada uno de los candidatos, con preguntas duras, difíciles como las que se le hacen a los candidatos a otras Cortes en democracias que funcionan mucho mejor que la nuestra. De deliberación y argumentación pública en la que participen académicos y especialistas y miembros de la sociedad civil. Porque sólo así saldrá a la luz lo que apenas alcanzamos a atisbar. Lo escandalosa que resulta la nominación de Verónica Sánchez Valle, sancionada en 2007 por el Consejo de la Judicatura con un apercibimiento público por falta de profesionalismo. Sancionada de nuevo en 2010 por la misma razón. Consignada por la PGR en 2011 por delitos contra la administración de la justicia. O qué decir de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, actual procurador general de justicia del Estado de México. El que salió a negar los hechos de Tlatlaya. El que salió a mentir y ocultar y ofuscar. Dos candidatos, de entrada, no idóneos para el puesto, quizás colocados allí como fichas de negociación.

Llegó el momento de airear, investigar, sacar a la luz y de manera pública quienes son estas personas. De donde vienen, qué han hecho, en qué creen. Porque son los que van a interpretar y defender principios constitucionales. Porque quienes sean electos deben mantener el balance, la autonomía, la pluralidad de la Corte. Y no deben llegar allí quienes quisieran convertirla en un órgano del poder político. Quienes quisieran que dejara de corregir las deficiencias del proceso gubernamental. Para impedir eso el Senado no puede abdicar su responsabilidad: le toca hurgar durante muchos días, preguntar durante muchas horas, confrontar sin cortapisas. Le corresponde juzgar a los juzgadores. Y a nosotros como ciudadanos activos también.




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