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¿Auto-investigar Apatzingán?


Denise Dresser

Tantas inconsistencias. Tantas mentiras. Tanto que se ha intentado esconder, ocultar, acallar. Apatzingán como un microcosmos de lo que está mal con la Policía Federal, el gobierno federal, el entonces Comisionado de Seguridad en Michoacán, la estrategia de seguridad, la falta de preocupación del Estado por la vida o los derechos humanos. Bien entonces que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se haya dado a la tarea de investigar un caso que muchos preferirían silenciar. Un caso que el equipo de Peña Nieto -vía Alfredo Castillo- buscó desaparecer de la agenda pública con explicaciones erróneas y deshonestas sobre lo que ocurrió allí.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales y el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía. Con el involucramiento y/o la complicidad de la Sedena, el presidente municipal de Apatzingán, el gobernador del Estado. Un “operativo” que debe ser condenado por su brutalidad, su ilegalidad, su violación de normas básicas sobre cómo debe comportarse tanto la policía como el Ejército. Un “operativo” donde -según la CNDH- hubo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, atropellados por la policía, lesiones innecesarias, violaciones a la legalidad por la forma en la cual se levantó un cadáver y cómo se le practicó la necropsia, atención médica negada o demasiado tardía. Una violación sistemática de derechos esenciales de la población, de principio a fin.

Peor aún, la respuesta del gobierno y las fuerzas de seguridad a múltiples niveles. Los esfuerzos de la Policía Federal y de la Procuraduría de Michoacán por encubrir y silenciar. La incompetencia demostrada en la falta de preservación de la evidencia en el lugar de los hechos. Las omisiones, la negligencia, lo que no se detectó o investigó de manera deliberada. Y ante ello, la única respuesta es una recomendación en la que se pide atentamente al comisionado Nacional de Seguridad, a la PGR, a la Sedena, al gobernador y al presidente municipal de Apatzingán que “colaboren” en las denuncias y quejas, que “ayuden” en la integración de averiguaciones previas, que “actualicen el marco normativo que regula el uso de la fuerza pública por las instituciones policiales”. Peticiones vagas, exhortos etéreos, sugerencias a los responsables para que se investiguen a sí mismos.

La propia CNDH reconoce que “no investiga delitos ni efectúa indagaciones paralelas a las realizadas por las instancias de procuración de justicia”. Instancias que no tienen el menor incentivo para indagar o castigar. Instancias que no procuran justicia sino más bien eluden hacerlo.

Hay una realidad que se va asomando de manera brutal en Apatzingán, en Ostula, en tantos sitios más. Ante el surgimiento de las autodefensas, el gobierno intenta regularlas, convirtiéndolas en fuerzas con las cuales se asocia. Les provee armas, les exige colaboración, demanda su regularización y después se voltea contra ellas. Y lo hace porque las autodefensas se crean para combatir al crimen organizado que el propio Estado -vía la policía o el Ejército- protege. Ese día en Apatzingán, alguien ordenó un “operativo” contra autodefensas que ya resultaban disfuncionales. Incómodas. Contraproducentes. Amenazantes. De allí el envío de 44 policías federales y 287 militares para responder a un informe sobre “personas armadas”. De allí que un operativo se convirtiera en una acción de ejecución contra civiles -muchos desarmados- que la CNDH no documenta adecuadamente.

Emite una recomendación y hay que congratularla por hacerlo, a la luz de la inacción de la CNDH en años anteriores. Pero no va al fondo del asunto. Soslaya o deja fuera información importante. No responde preguntas que deberían ser contestadas por la máxima institución abocada a proteger los derechos humanos en el país. ¿Por qué el informe no menciona a Alfredo Castillo, encargado de la seguridad de Michoacán en ese momento y ahora director de la Conade? ¿Por qué hubo un operativo tan masivo para enfrentar a un grupo tan pequeño, congregado para pedir que le pagaran los sueldos pendientes? ¿Por qué no aclara el misterio de cuerpos llevados a Semefos en ciudades distintas, cuyo objetivo parecería esconder lo que el gobierno se apresuró a negar? ¿Por qué habla de tan sólo una ejecución extrajudicial cuando los minuciosos reportajes de Laura Castellanos describen más muertos y más desarmados? La CNDH afirma que “no está deslindando a nadie” y que “se tiene que investigar”. Y he allí el nudo gordiano: los encargados de investigar son los mismos que preferirían no hacerlo.




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