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Muerte necesaria


Denise Dresser

Partidizar el pleito. Polarizar al país. Pelear contra el crimen organizado pero selectivamente. Trabajar de manera coordinada con los estados donde gobernaba su partido pero dejar solos a los estados donde gobernaba la oposición. Proveer asistencia a sus amigos y negarla a sus adversarios, para después acusarlos de negligencia. Eso es lo que hizo Felipe Calderón cuando peleó la guerra contra al narcotráfico. Eso es lo que hace Enrique Peña Nieto al librarla de la misma manera. Y con efectos similares: la violencia criminal es cinco veces mayor en los estados gobernados por la izquierda.

El Estado mexicano no busca el monopolio de la violencia; la tolera para castigar a sus enemigos políticos.

“Administrando” la violencia es vez de reprimirla. Coadyuvando y protegiendo a sus correligionarios, pero desprotegiendo los sitios gobernados por el PRD. Buscando -de esa manera- obtener beneficios electorales, sin que importe la protección de la población. Produciendo -con una pelea selectiva- un aumento en los niveles de violencia en ciertas regiones. Llevando la expansión de los cárteles y sus socios criminales a nuevos mercados, al secuestro, al tráfico de personas, al esparcimiento de la violencia de forma inequitativa. A un país donde el gobierno en turno la combate cuando quiere.

Como quiere. Como se le da la gana. Subordinando la seguridad nacional al conflicto partidista. Todo para debilitar a la oposición izquierdista que fue y sigue siendo una amenaza electoral. Esa es la conclusión a la que llegan Guillermo Trejo y Sandra Ley en el estudio “Federalismo, drogas y violencia: Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”. He allí la estrategia diseccionada, analizada, expuesta. En la regiones subnacionales gobernadas por el partido del Presidente o por la “oposición leal”, el gobierno federal apoyó a sus copartidarios en los gobiernos estatales y municipales en el manejo de las grandes espirales de violencia criminal. Y se apropió del crédito que se derivó de la respuesta coordinada.

Pero en estados gobernados por la izquierda, el gobierno se lavó las manos. No cooperó con las autoridades locales. Buscó castigar a alcaldes o a gobernadores dejando que enfrentaran por sí mismos la escalada de violencia. Diseñó unilateralmente estrategias de intervención militar y policial sin compartir información con ellos. Los expuso como corruptos e ineptos. Permitió que el crimen capturara sus municipios desprotegidos. Y después los culpó por la intensificación del conflicto, en una guerra peleada parcialmente.

Basta con ver cómo se enfrentó la violencia -con estrategias diferenciadas- en Tijuana, Apatzingán y Ciudad Juárez en el sexenio de Calderón. O el caso de Guerrero/Iguala en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estrategias con las cuales no se buscaba enfrentar el crimen estuviera donde estuviera, sino también recompensar a simpatizantes y castigar a partidos políticos rivales. Estrategias punitivas en las que el gobierno federal deliberadamente dejaba desprotegidos a sus rivales políticos subnacionales en regiones conflictivas. Para así socavar su credibilidad y sus bases electorales. Para así pintar a la izquierda como inepta, incapaz, irresponsable. La violencia aumentó en zonas perredistas no sólo por factores históricos, sociales o idiosincráticos. También influyó la relación política con la Federación.

El Estado bajo Calderón -y después con Peña Nieto- dejó de ser árbitro neutral para volverse oportunista electoral. La evidencia cuantitativa y cualitativa lo demuestra: el reto en la guerra contra el narcotráfico no es la falta de cooperación sino la politización. No es la falta de coordinación sino la partidización. En donde gobiernan el PRI y el PAN, el gobierno federal desarrolla intervenciones militares y policiales efectivas. En donde gobierna el PRD instrumenta intervenciones paralizadas y confrontativas.

Con resultados cada vez más obvios y contraproducentes. El uso partidista del Ejército y la policía federal ha llevado a la intensificación de la violencia en regiones de izquierda. Ha vuelto más vulnerables a los alcaldes y a los municipios de oposición ante ataques criminales. Ha permitido la captura de gobiernos locales y de la sociedad mediante la violencia letal. Un poder federal sin contrapesos -politizado y partidizado- pone al Ejército y a las policías al servicio del Presidente, para asistir a copartidarios pero castigar a rivales políticos. Y justifica de ese modo la muerte necesaria.



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