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Vacunar o morir


Denise Dresser

Mentir. Ofuscar. Desacreditar. Confundir. Enturbiar. A eso se han dedicado distintas facciones del gobierno desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que la verdad histórica sobre Ayotzinapa resultó ser una ficción. Han utilizado distintos medios para diseminar información falsa. Han producido peritos con el objetivo de crear nuevas versiones sobre el supuesto incendio en el basurero de Cocula. Han traído testigos desde Colombia y Guatemala buscando desacreditar a las dos fiscales del grupo, Claudia Paz y Ángela Buitrago. Han usado todos los instrumentos disponibles en el arsenal del Estado mexicano para aislar y debilitar y deslegitimar a un grupo por lo que está intentando hacer. Descubrir la verdad.

La verdad incómoda sobre lo que ocurrió esa noche fatídica en Ayotzinapa. La verdad que involucra por acción u omisión a la policía municipal, a la policía estatal, a la policía federal y al Ejército. Muchachos asesinados a quemarropa. Muchachos perseguidos por toda la ciudad de Iguala y después por la sierra. Un joven desollado. Un grado de violencia inexplicable ejercido contra normalistas que no merecían morir por secuestrar autobuses. El silencio inexplicable del C4 durante algunas horas y la información que se ha negado a hacer pública. Y ante eso todo lo que todavía no se sabe. El destino del quinto autobús, todavía desaparecido y que quizás transportaba droga sin que los normalistas estuvieran enterados. La confirmación del equipo argentino de antropología forense sobre la inexistencia del supuesto incendio en el basurero de Cocula.

El GIEI tiene mucha trabajo todavía por hacer. Y en lugar de apoyar, el Estado se dedica a obstaculizar. Niega el acceso a nuevas evidencias relacionadas con la investigación. Niega el acceso a nuevos peritajes y a presuntos inculpados, detenidos recientemente. Fragmenta las indagaciones en juzgados a lo largo del país, dificultando la investigación y la información con la cual los familiares deberían contar. No entrega fotos, documentos y videos tomados por miembros del Batallón 27 la noche de los hechos. Ya sea por colusión o por ocultamiento o por incompetencia o por órdenes, múltiples niveles del gobierno no están haciendo lo que deberían hacer. La estrategia coordinada parece ser comprar tiempo hasta que el mandato del GIEI termine en abril. Para que los extranjeros incómodos se vayan y se lleven la verdad consigo.

Dejando tras de sí un país en el cual el sistema de procuración de justicia es una vergüenza. Donde se investiga a base de confesiones, muchas de ellas extraídas bajo tortura. Donde los peritos están bajo el mando de la PGR y por ello tienen incentivos para crear culpables en lugar de llevar a cabo investigaciones creíbles. Donde en lugar de integrar una sola investigación previa para facilitar los juicios, se dispersa, se fragmenta, se involucre a más de cinco juzgados distintos. Donde la PGR inventa testigos y siembra evidencia y ex procuradores que mienten -como Murillo Karam- gozan de la más absoluta impunidad.

Los que han venido de fuera a auscultar Ayotzinapa exhiben un Estado que no puede o no quiere investigar, que dejó pasar meses antes de abocarse a los hechos, que aún después del primer informe del GIEI no ha seguido las líneas de investigación sugeridas, que sigue encarcelando presuntos culpables que declaran falsedades sobre el basurero de Cocula. Ante tanta evidencia, sólo es posible una conclusión: el Estado está contando historias porque no quiere que algún día alguien desentierre la verdadera. El Estado está desestimando otras declaraciones, ignorando evidencia científica y enlodando a quienes la presentan porque no puede lidiar con lo que Ayotzinapa demuestra. Un sistema de justicia penal podrido de pies a cabeza. Corrupto. Disfuncional. Inepto.

Los miembros del GIEI dicen que son como una vacuna que viene a generar anticuerpos para que Ayotzinapa no se repita. Para que la oralidad del nuevo sistema de justicia penal evite la opacidad que le permite a la PGR fabricar culpables y contar cuentos y presumir muchos detenidos y muchos encarcelados. Para que haya una ley de desaparición forzada que funcione conforme a los mejores estándares internacionales.

Pero saben que están pidiendo algo que parece imposible: un proceso para que quienes hicieron todo mal lo hagan bien. Están pidiendo que el Estado mexicano se reforme a sí mismo, cuando le ha convenido no hacerlo. El problema ahora es que hay Ayotzinapas todo el tiempo, y si México no acepta la vacuna, continuaremos muriendo.




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