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Salchicha coctelera


Denise Dresser

En los pasillos del Senado y en las salas de juntas de la Procuraduría General de la República se está cocinando algo que sabe mal. Que huele mal. Que de aprobarse tal y como está planteado hoy va a producir indigestión mañana. Se trata de algo que Peña Nieto prometió y ahora se aboca a cumplir, pero de mala manera. Se trata del Código Nacional de Procedimientos Penales que podría transformar la justicia penal del país, pero el anteproyecto de dictamen que está circulando dista de hacerlo. Si como dice el dicho, si te gustan las salchichas y las leyes no preguntes cómo se hacen. Pero en este caso urge hacerlo porque el gobierno corre el riesgo de producir una salchicha mal hecha.

Una salchicha demasiado pequeña que se centra en los juicios orales, pero no en los que ocurre antes de ellos. Una salchicha demasiado chica que transforma lo que pasa en los tribunales, pero no incluye estándares de comportamiento para las policías. Una salchicha incompleta que de no agrandarse va a asegurar la continuidad del sistema que actualmente padecemos. Aprehendidos torturados. Inocentes encarcelados. Interrogatorios amañados. Policías mal entrenados. Testigos oculares manipulados. Un andamiaje institucional que – por sí solos – los juicios orales no pueden arreglar. Hacen falta lineamientos claros para regular la investigación que hace la policía, no nada más reglas claras para los jueces.

Y el problema es que nadie lo quiere reconocer. Nadie lo quiere resolver. Nadie entiende la dimensión del problema y sus consecuencias. Todos piensan que reformar el poder judicial entraña exclusivamente la inducción de la transparencia y el tránsito a un sistema adversarial. Todos creen que los juicios orales son la panacea y que no es necesario examinar el camino tortuoso que recorre un sospechoso desde que es aprehendido hasta que llega a una corte. Todos parecen estar contentos con mini-salchichas que satisfacen el apetito de los reformadores a medias. Una reforma integral al sistema penal tendría que tomar en cuenta lo que pasa antes de que un caso llegue a juicio. Cómo aprehende la policía a un sospechoso. Cómo lo interroga. Cómo es identificado.

Hoy la policía en México no tiene que sujetarse a leyes que le indiquen qué hacer. Y por eso hace lo que se le da la gana: fabrica culpables, tortura a arrestados, planta evidencia, manipula testigos. No existe legislación que la frene, legislación que la guíe, legislación que la sancione. Por ello la policía no sabe llevar a cabo los procedimientos más básicos para interrogar sospechosos. No sabe cómo conducir cateos y decomisos. No sabe cómo seguir reglas para la identificación mediante testigos oculares. No sabe cómo preservar la evidencia biológica.

Y de allí las irregularidades del caso Cassez, condenada a 60 años con base en la “identificación” de testigos oculares que en una primera instancia no la reconocieron. Y de allí las irregularidades del caso de Toño condenado a 29 l caso de Toño Z Toño Za instancia no la reconocieron. Y de alle los reformadores a medias. Una reforma integralZúñiga, condenado a 20 años con base en el señalamiento de un testigo ocular manipulado por la policía. Y de allí las irregularidades del caso de Sergio Dorantes, acusado de asesinar a su ex esposa con base en la declaración de un testigo ocular que después se desdijo y desapareció. Y tantos casos más, día tras día, año tras año. Llenando las cárceles de presuntos culpables.

En México, dado que los fiscales tienen el control de la policía judicial, muchos asumen que ésta no necesita reglas. Muchos creen que cualquier violación de cualquier nuevo requisito incorporado al Código Penal desencadenaría una ola de amparos. Muchos creen que establecer normas para la policía entorpecería la labor del poder judicial. Muchos creen que videograbar los interrogatorios sería arrebatarle facultades al Ministerio Público. Pero se equivocan. Si no usan esta oportunidad para reglamentar la actuación de las fuerzas policíacas, crearán un sistema más transparente pero igual de disfuncional. Los juicios quizás sean mejores, pero antes de ellos habrá más de lo mismo. Policías abusivos. Policías mal entrenados. Policías que seguirán manchando un sistema judicial que la oralidad intenta limpiar. Policías que – ante el temor de hacer el ridículo en un juicio oral – llevarán a cabo menos arrestos. Policías con bajos estándares y altos niveles de mala actuación.

Si el nuevo Código Penal en puerta no incorpora reglas específicas que vigilen, orienten y controlen a las fuerzas policíacas, el resto de las reformas contempladas fracasará. El tránsito a la oralidad habrá sido en vano. El esfuerzo del Senador Roberto Gil y de quienes han impulsado la transformación del sistema judicial habrá sucumbido ante la recalcitrancia de una PGR que no entiende el papel que una policía moderna debe tener.

La desconfianza histórica en la policía continuará porque los legisladores y los políticos no harán lo necesario para combatirla. Y Enrique Peña Nieto celebrará la aprobación de otra reforma que no ataca el corazón del problema. Presumirá una salchicha coctelera en lugar de impulsar la confección de un buen hot-dog.




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