El Mañana de Nuevo Laredo

13 noviembre, 2020

Cae panista por tragedia que mató a 49 niños en Guardería ABC


Guardería


Por EL MAÑANA DE REYNOSA


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Fue detenido Sergio Antonio Salazar Salazar, exfuncionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por su presunta responsabilidad en las muertes y lesiones en el incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 menores.

El empresario e integrante del Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido cuando se trasladabpor la carretera costera del golfo el jueves 12 de noviembre, a las 9:30 horas, de acuerdo con documentos del Gobierno de México consultados.

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La estancia era propiedad de Gildardo Francisco Urquides Serrano, extesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la política Margarita Zavala, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería del gobernador Eduardo Bours.

Salazar Salazar se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS de febrero de 2007 a juniode 2009. Un mes y medio después del incendio, el tampiqueño fue separado del cargo junto a la coordinadora nacional de guarderías, Carla Rochín Nieto, y 7 funcionarios más relacionados con omisiones en la operación de la guardería.

La presunta responsabilidad de Sergio Antonio Salazar en el caso de la Guardería ABC fue señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010.

Hace una década, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan N. Silva Meza y la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas indicaron que Salazar Salazar incumplió con la obligación de garantizar la seguridad, integridad y bienestar de los menores de edad a cargo del instituto.

“… Este funcionario era el responsable de diseñar políticas institucionales y emitir lineamientos que disciplinaran dichos aspectos de protección civil de manera uniforme, a efecto de que existiera un estándar de seguridad en todas las guarderías, así como establecer los procedimientos adecuados a efecto de verificar su efectivo cumplimiento. Pues al tratarse de un sistema de peración nacional, no es aceptable que la regulación de un aspecto tan importante, se delegue al desarrollo local”, resolvió Zaldívar Lelo de Larrea.
El documento de la SCJN -consistente en una solicitud de atracción para que la Corte analizara y resolviera el caso-, no fue aprobado en su momento, apuntó a las omisiones que cometieron funcionarios federales, estatales y municipales para que sucediera el incendio de la Guardería ABC.

LE ACHACAN OMISIONES
Las primeras omisiones imputadas a Sergio Salazar corresponden a que no laboró y aplicó las disposiciones de supervisión general de protección civil para las guarderías del territorio mexicano. Aunado a ello, se determinó que tampoco coordinó las verificaciones de la normatividad para las estancias con la delegación estatal del IMSS en Sonora.

“Estas omisiones de coordinación con las delegaciones estatales quedan demostradas, también, con los resultados de la inspección documental realizada por la Comisión Investigadora, la cual arroja un altísimo porcentaje de guarderías que no cumplen con los aspectos de seguridad que le son obligatorios”.

“Asimismo, al titular le corresponde originariamente el trámite y resolución de los asuntos de las unidades administrativas que le sean adscritas… por lo que la indebida actuación de esa área, sin que se advierta que, como superior jerárquico, tomó medidas o giró instrucciones efectivas para la detección o corrección de espacios que pudieran ser problemáticos, es una omisión que le es imputable”.

El pasado 5 de junio, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la dependencia federal interpuso una nueva demanda basada en nuevos descubrimientos del caso y las investigaciones que se hicieron en años pasados. La Fiscalía General de la República recibió el documento a inicio de año.

Los presuntos responsables señalados en la denuncia son el exgobernador de Sinaloa, Eduardo Bours; el entonces titular de la Unidad de Protección Civil, Willebaldo Alatriste Candiani; el secretario de Hacienda de 2007 a 2009, Ernesto Vargas Gaytán; el exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, Fausto Salazar Gómez, el exsubdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Luis Melchor Islas.

Por el IMSS los acusados son Daniel Karam Toumeh, entonces director general; Juan Francisco Molinar Horcasitas, director que otorgó los permisos para la subrogación de guarderías; Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en Sonora; y Noemí López Sánchez, titular del departamento de guarderías.

Los servidores públicos del Ayuntamiento de Hermosillo que también son presuntos responsables son el presidente municipal Ernesto Gándara Camou; el exdirector de Inspección y Vigilancia Municipal, Jesús David Osuna: y el extitular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Roberto Copado Gutiérrez.

El pasado 9 de noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la Guardería ABC para llegar a un acuerdo sobre la ruta de atención a sus demandas.

Durante el encuentro, el subsecretario acordó con los familiares de las víctimas y su representante legal iniciar mesas de trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para revisar de manera detallada cada uno de los casos y así brindar una ruta de solución apegada al marco jurídico, para lo cual se estableció un calendario de atención individual.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha reunido en cuatro ocasiones con los familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC. El primero fue el 6 de junio, en Palacio Nacional; el segundo, el 5 de septiembre, en Hermosillo, Sonora, donde se empezaron a ver los primeros elementos y compromisos.

El tercer encuentro fue el 12 de diciembre del 2019, donde se planteó la necesidad de un nuevo decreto presidencial y el último fue el 12 de marzo de este año, además de encuentros con servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y del IMSS.


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