DESVÍO DE RECURSOS

Ordenan detener a 10 personas implicadas en caso de Inés Gómez Mont y su esposo

La FGR ordenó la detención de 10 ex funcionarios por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La conductora y su esposo siguen prófugos de la justicia
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.La conductora y su esposo siguen prófugos de la justiciaCréditos: Especial
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Mientras que Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga siguen prófugos de la justicia por presunto desvío de recursos públicos y lavado de dinero, un juez federal ordenó la detención de otras 10 personas implicadas en este casos.

El juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez libró las 10 órdenes por lavado de dinero y delincuencia organizada, solicitadas por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la FGR, la ex conductora de TV Azteca y su pareja están involucrados en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras, dinero que provenía de contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Los contratos firmados eran para comprar el sistema del Centro de Comando, Control y Cómputo. Coordinación, alertamiento e Inteligencia de la mencionada organización, para instalarse en diversos penales y centros federales de readaptación social.

Ordenan detener a 10 más implicados en desvío de recursos

Las recientes órdenes de captura por el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, incluyen a Eduardo Guerero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración así como Emmanuel Castillo, extitular del a Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.

Uno de los ex funcionarios implicados, Paulo Uribe Arriaga, ya cuenta con un citatorio para una audiencia por otro caso, programada para el próximo 18 de octubre.

La FGR indaga a Inés Gómez Mont, su esposo, y otros 10 implicados para dar con los culpables del pago en sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos en contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas constructoras, por la construcción de un penal para 20 mil internos durante la administración de Felipe Calderón.