La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, de los partidos PRI y Movimiento Ciudadano por presuntos delitos electorales.
La FGR informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ha dado respuesta a denuncias de ciudadanos que han aportado datos que testifican la violación del artículo 19 de la Constitución Mexicana, por el uso de programas sociales con fines electorales.
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Señaló que el mismo delito se ordena prisión preventiva oficiosa, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Adrián de la Garza
La FGR informó que en el caso de Adrián de la Garza se abrió una carpeta de investigación por supuestamente haber solicitado el voto femenino a cambio de la entrega de la “tarjeta rosa”.
Ésta permitiría obtener dinero una vez gane el candidato a gobernador de Nuevo León, “lo cual significa la compra y coacción del voto”.
La Fiscalía indicó que se existe el precedentes del uso continuo de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción de voto, en las elecciones federales y locales.
Los titulares de la dependencia afirmaron que las pruebas ya se han recabado y en breve se judicializará, ante la autoridad correspondiente.
Samuel García
En el caso de Samuel García, la Fiscalía indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, denunció al candidato de Movimiento ciudadano, Samuel García y a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, así como a los padres de ambos, Samuel “G” y Jorge “G”.
Precisó que los hechos presuntamente delictivos son señalados dentro del artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El delito se refiere a aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, de manera ilegal, para fines electorales.
Todo se investiga en una carpeta específica, en la que se desahogan las denuncias y las pruebas son aportadas para la determinación jurídica que proceda en el caso.
Añadió que las denuncias que le FGR abrió para investigación vinculan también a más personas físicas y morales que realizaron diversas operaciones, incluso se cuenta con los montos y fechas específicos, todos bajo el resguardo de la UIF.