CÓDIGO PENAL FEDERAL

Nuevo León aprueba castigo ejemplar; hasta 9 años de cárcel para quienes cometan este delito

La reforma coloca a Nuevo León a la vanguardia, alineándose con las políticas federales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum

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Durante la sesión de este pasado lunes, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad el expediente 19750/LXXVII, correspondiente a la iniciativa impulsada por el diputado Jesús Elizondo Salazar, presentada originalmente el 31 de marzo. La propuesta busca reforzar el marco penal y aumentar las sanciones contra quienes cometan el delito de grooming, es decir, el acoso sexual digital hacia menores de edad.

Hasta ahora, el Código Penal del estado carecía de disposiciones específicas para sancionar prácticas como la sextorsión extorsión mediante material íntimo y el grooming, lo que dejaba una “laguna legal” que impedía una protección real para las víctimas.

El legislador compartió que esta iniciativa también surge de una vivencia personal, al revelar que en su infancia fue víctima de extorsión y violación a su privacidad.

No lo hago solo como diputado, sino como alguien que sabe lo que significa ser vulnerado a esa edad, ¡Hasta 9 años de cárcel por ciber acoso y sextorsión contra menores! Hoy aprobamos mi iniciativa para que se castigue el grooming.

El fenómeno del grooming ha mostrado un alarmante crecimiento en los últimos años. Según datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cerca del 35% de los casos de abuso sexual infantil reportados en la entidad iniciaron con contacto en línea.

Elizondo Salazar subrayó la necesidad de fortalecer las leyes locales para garantizar un entorno digital seguro, en sintonía con las políticas de protección infantil que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional.

Con esta reforma, Nuevo León marca un precedente legal en la lucha contra la violencia digital, enviando un mensaje claro, las agresiones en el ciberespacio también tienen consecuencias penales. El Congreso local reafirma así su compromiso de proteger la integridad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes del estado.