La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral para impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan convertirse en candidatos de partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027.
La propuesta contempla modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral. “Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La mandataria explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo preventivo, respetando la presunción de inocencia establecida en la Constitución, pero permitiendo a los partidos contar con información sobre posibles antecedentes o riesgos antes de registrar a sus aspirantes. La propuesta señala que los partidos políticos participarían de manera voluntaria entregando listas de aspirantes a la nueva comisión del INE.
Posteriormente, el órgano consultaría información con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Con base en esa revisión, las autoridades determinarían si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, explicó que la comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales electos por el Consejo General del INE para periodos de tres años. Según el esquema planteado, la comisión únicamente informaría a los partidos sobre la existencia de riesgos detectados y serían las dirigencias partidistas las responsables de decidir si mantienen o retiran una candidatura.
La Presidencia aclaró que, en caso de encontrarse información relevante, las instituciones de seguridad e inteligencia continuarían las investigaciones correspondientes dentro de sus atribuciones legales. La iniciativa también establece que toda persona interesada en competir por un cargo de elección deberá autorizar expresamente al partido político para ser evaluada por la comisión.
El proceso, añadió el gobierno federal, se realizaría bajo condiciones de confidencialidad y la información obtenida tendría carácter reservado para no afectar investigaciones ni el debido proceso.