La prostitución de Amparo

El lunes próximo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó a la ciudadanía la emisión del acuerdo por el que se reserva información relacionada con los proyectos y obras prioritarias de su administración. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal publicó el decreto por el que se “declara de interés público y de seguridad nacional” la realización de dichas obras y proyectos a cargo del gobierno de México, por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones necesarias en estos casos para su expedición.
Cabe hacer mención que dichas acciones se circunscriben sólo en el sentido de la emisión de autorizaciones, permisos o licencias “provisionales”, necesarias para iniciar los proyectos, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos asignados.
En este mismo sentido, se establece que estos permisos deberán ser emitidos en un plazo máximo de cinco días a partir de su solicitud, y en caso de que en dicho plazo no se otorgue la autorización expresa, se considerara en sentido positivo, misma que tendrá una vigencia de doce meses, periodo dentro del cual se deberá obtener la autorización definitiva.
Habremos de recordar que esta decisión gubernamental del Presidente, a diferencia de las administraciones anteriores, cuya motivación para este tipo de decisiones era -hay que decirlo- única y exclusivamente, la de esconder las transas multimillonarias que se adjudicaban de manera corrupta entre pseudoempresarios y políticos sin escrúpulos ni vergüenza alguna, responde precisamente a una andanada de amparos que como estrategia obstaculizan de manera deliberada y mal intencionada, encontrando terreno fértil ante grupos de injustos juzgadores quienes dan trámite a dicho recurso de impugnación sin siquiera analizar el fondo del asunto, que en el caso que nos ocupa es, de justicia social e interés público por definición.
La misma chicanada la aplicaron con la patriótica decisión del Ejecutivo de cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la obra más corrupta en la historia de nuestro país que, como sabemos, fue confeccionada como un negocio redondo entre un grupo selecto de cuates del gobierno anterior que se repartieron el botín presupuestado para ese efecto, y no contentos con ello, hipotecaron el erario público de las próximas generaciones como deuda interna -o al menos eso trataron- para subsidiar una obra faraónica que daría servicio a los más pudientes, mientras al mismo tiempo, enriquecía de la noche la mañana a unos cuantos bandidos, salvo unas cuantas y honrosas excepciones.
Esta maléfica mancuerna de intereses corruptos estropeados gracias a la llegada de la Cuarta Transformación, pensaron que habían encontrado la fórmula perfecta para obstaculizar el avance de las obras insignia de la presente administración enfilando todas las herramientas corruptas y abusando de uno de los más nobles recursos con que cuenta nuestro sistema legal mexicano, que en teoría debiera ser el juicio por excelencia que “ampara” al ciudadano común de las arbitrariedades y acciones gubernamentales que les atropellan algún derecho en particular, sin embargo, he aquí la paradoja del principio general y objetivo principal del fundamento normativo que, en el caso que nos ocupa, está siendo utilizado en contra de la justicia y el bien público general.
Por esto es sumamente importante que el Supremo Tribunal de nuestra nación, de una vez por todas, se pronuncie a favor de los derechos del pueblo,y nos ampare interpretando la ley, no sólo con plena justicia, como debiera ser, sino haciendo valer las garantías individuales más elementales de los que la mayoría hemos sido despojados por la desmedida avaricia y feroz corrupción de un puñado de conservadores y trasnochados neoliberales que no terminan de entender que gracias a todas sus tropelías que hicieron durante los últimos 40 años han sido relegados a una insignificante oposición que lo que no puede conseguir en las urnas, lo quiere sacar a base de estrategias legaloides y prostituyendo al único y último recurso con que contamos los verdaderos ciudadanos, el juicio de amparo.
ADENDUM
Ómicron, la nueva variante del coronavirus, tiene de nuevo al mundo de cabeza. Tendremos que aprender a convivir con este y otros males, eso es lo que parece será nuestro futuro.
Hagamos lo posible por ser responsables en lo que nos corresponde, y sigamos adelante con nuestras vidas.
Lo peor que nos puede pasar es caer de nuevo presa del pánico y terminar por destruirnos a nosotros mismos.
Cordura, precaución, pero sobre todo mucha determinación para salir adelante.
¡Salud!