Entre los muchos temas de interés para el Congreso de los Estados Unidos, está el del reforzamiento del Estado mexicano de Derecho, para lo cual el Congreso ha tomado en cuenta y analizado diferentes rubros, entre ellos, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la construcción de una fiscalía general independiente y el Sistema Nacional Anticorrupción.
A mediados de la década de 2000, la mayoría de los expertos jurídicos mexicanos habían llegado a la conclusión de que la reforma del sistema de justicia penal de México era crucial para combatir la criminalidad y fortalecer el Estado de Derecho.
Así, en junio de 2008, México implementó reformas constitucionales que exigían que para 2016, los procedimientos judiciales a nivel federal y estatal tuvieran que pasar de un proceso ineficiente de puerta cerrada basado en argumentos escritos presentados a un juez, a un sistema de juicio público acusatorio, con argumentos orales y la presunción de inocencia.
Estos cambios tenían como objetivo crear un sistema de justicia penal nuevo, más transparente, imparcial y eficiente. Bajo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, México cumplió técnicamente con la fecha límite de junio de 2016 para adoptar el nuevo sistema, y los estados que recibieron asistencia técnica de los Estados Unidos mostraron, en promedio, mejores resultados que otros.
Sin embargo, se produjeron problemas en la implementación y la opinión pública se volvió en contra del sistema, ya que los jueces liberaron a criminales debido a investigaciones policiales defectuosas o casos débiles presentados por los fiscales.
Según el World Justice Project, el nuevo sistema ha producido una mejor infraestructura en las salas de audiencias, jueces más capaces y una resolución de casos más rápida que el sistema anterior, pero se necesita más capacitación para la Policía y los fiscales.
El Congreso de Estados Unidos piensa que México no ha dedicado recursos significativos al fortalecimiento del sistema de justicia.
Por cuanto a la construcción de una fiscalía general independiente, los analistas que estudian el sistema legal de México han destacado durante mucho tiempo la ineficiencia de la Procuraduría General de la República (conocida como la PGR), institución que luchó con recursos limitados, corrupción y falta de voluntad política para resolver casos de alto perfil, incluidos los relacionados con corrupción o abusos contra los derechos humanos.
Muchos grupos de la sociedad civil que impulsaron el nuevo sistema de justicia penal también presionaron al Congreso mexicano para crear una fiscalía independiente, por un periodo de nueve años bajo las reformas constitucionales de 2014.
El Congreso de México estableció la oficina, ahora conocida como la Fiscalía General de la República (FGR), después de la toma de posesión de López Obrador en enero de 2019, cuando el Senado de México nombró al Dr. Alejandro Gertz Manero, un estrecho colaborador y exasesor de seguridad de López Obrador, como fiscal general de la República.
Respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, en julio de 2016, el Congreso de México aprobó una legislación que contenía varias propuestas presentadas por la sociedad civil para implementar plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) creado por una reforma constitucional de 2015.
Sin lugar a duda, temas de mucho interés para Estados Unidos y México.
Fuente: “Mexico: Background and U.S. Relations” March 7, 2022, publicado por el Congressional Research Service R42917 · VERSION 53 · UPDATED.
Instituciones clave para E.U.A del Estado de Derecho mexicano
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