El 21 de abril del año en curso la fundación Rockefeller publicó el folleto titulado “Plan de acción nacional para la prueba Covid-19: Pasos pragmáticos para reabrir nuestros lugares de trabajo y nuestras comunidades” (https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/). En la introducción del folleto, el presidente de la fundación, Rajiv J Shah, plantea que ante los estragos que la epidemia de Covid-19 ha generado en salud y economía de Estados Unidos, es necesario montar una estrategia sostenible de aplicación de pruebas para el diagnóstico del Covid-19 y deseguimiento de contactos para salir de la crisis. Considera que la fundación Rockefeller existe para enfrentar momentos de crisis como el actual (sic) y para ello se ha dado a la tarea de convocar líderes y expertos en ciencia, industria, academia, política pública y gobierno para crear un plan de contención del Covid-19 y reabrir los lugares de trabajo y las comunidades.El plan resulta por demás ambicioso porque inicia con la aplicación de 1 millón de pruebas por semana escalando a 3 millones por semana para alcanzar 30 millones por semana. Para ello incluye la participación de “cuerpos de atención a la salud” para el levantamiento de la información y la aplicación de pruebas, apoyados por una plataforma digital para rastrear el estatus Covid-19 de las personas. El plan se beneficia de propuestas anteriores (sic), esfuerzos actuales y la amplia participación de expertos de muchos campos.Por principio de cuentas, ésta no es una propuesta salida de la crisis causada por la pandemia de Covid-19. La propuesta ya había sido planteada por la fundación de marras desde 2010 en el documento “Escenarios para la tecnología y el desarrollo internacional” (http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf) como resultado de la epidemia de influenza AH1N1 en que se vislumbró un escenario que conduciría a formas autocráticas de gobierno con vigilancia y control de los ciudadanos.En esa línea se propone, en el folleto de 2020, organizar un modelo para la conducción de la aplicación de pruebas basado en “La Junta de Producción de Guerra” agencia norteamericana que organizó y supervisó la producción de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una organización que puede contar con el poder de confiscar u ordenar lo que sea necesario para aplicar masivamente la prueba, como si se estuviera en tiempos de guerra. Por ello se contará con 300,000 “cuerpos de atención a la salud” para aplicar la prueba y seguimiento de contactos con estrategias similares a las seguidas por la policía para la población reacia a participar.Aunque en el folleto no se dice explícitamente lo que se haría con esta última población, sí espeta que “el estado de infección debe ser conocido para que las personas participen en muchas funciones sociales” (ver página 17 del folleto). Traduciendo la intención, quienes no puedan probar que no tienen el coronavirus no podrán participar en actividades sociales, ir a trabajar por ejemplo. Para lubricar esta intención se utilizarán aplicaciones y software de seguimiento para saber quién es quién en el estatus de infección y su relación con otros. No sorprende entonces que en el folleto se proponga asignar un número de identificación del “paciente” que vincule la información de su estatus de infección con los de otros sistemas “para acelerar el retorno a sus funciones sociales normales” (página 18 del folleto). En suma, se trata de un plan que la fundación Rockefeller quiere implementar en Estados Unidos y más allá.En medio de la vorágine de información sobre la pandemia del famoso Covid-19 acerca de mil pormenores tanto del virus como de su propagación, muchas veces se pierde de vista las intenciones de algunos planes que en principio se presentan como coherentes y útiles para la contención de la pandemia, pero que esconden intenciones orwellianas como el que presenta la fundación Rockefeller.Piedras Negras, Coahuila, a 2 de junio, 2020.
