La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador con los jueces, especialmente con los del fuero local adscritos al Poder Judicial de cada estado, es fuerte. La revisión de expedientes sobre manejos irregulares en los juzgados estatales, donde jueces locales de una entidad dan fallos en otros estados fuera de su jurisdicción; o que muchos de esos juzgadores decidan no vincular a proceso a criminales acusados de delincuencia organizada, han causado que desde Palacio Nacional se pida a los senadores de Morena analizar si en el paquete de reforma judicial, que ya está en el Senado, se puede cambiar la Constitución para que la justicia local pase a estar supeditada y controlada por la Federación. Este añadido al paquete de reformas judiciales sería de gran calado, porque impacta la relación entre la Federación y los estados, de los que depende actualmente el Poder Judicial local; pero el argumento del Presidente para buscar esa modificación constitucional es “meter orden en foco de corrupción en que se han convertido los sistemas de justicia estatales” y para ello se quiere aprovechar la reforma al Poder Judicial Federal que se presentó la semana pasada y que tuvo una muy buena recepción por académicos y abogados. Un caso particular que provocó que el presidente López Obrador solicitara a los senadores de su partido analizar la conveniencia de una reforma constitucional tan profunda, fue el escandaloso caso de corrupción en la CDMX, cuando el Mandatario fue informado de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de los expedientes que ya obran en poder de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Federal contra la Corrupción y la propia Fiscalía de la CDMX, contra el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces DF, Edgar Elías Azar y su red de operadores. Los cálculos políticos que se hacen en el gobierno federal parten de que Morena y su coordinador Ricardo Monreal podrían reunir los votos suficientes en el Senado para hacer las adecuaciones correspondientes. Pero es un hecho que meterle mano desde la Constitución y las leyes federales a los Poderes Judiciales locales, es algo que tendría que consensuarse primero con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pues se trataría de una reforma que aumentaría notablemente la carga de trabajo para el Poder Judicial Federal. Y es que el esquema por el que se está pensando la intervención en los sistemas de justicia estatales es muy similar a la forma en que se operó en la materia electoral, en donde el Instituto Nacional Electoral tomó bajo su control las principales directrices a los Organismos Estatales Electorales, los ahora llamados OPLE. Algo similar se buscaría instrumentar con los Poderes Judiciales de cada estado, que aunque conserven su carácter local y su relación con los poderes estatales, sean supervisados, fiscalizados y controlados desde el Poder Judicial Federal. Así que un cambio profundo en la relación de la justicia local con la Federación, el Senado y la Corte se empezará a discutir en este periodo de sesiones ante lo que se percibe como una “corrupción rampante” en la justicia a nivel local. De hecho, la idea del Presidente tendría buena acogida en los jueces federales, quienes no verían mal una reforma en esa materia, pues la opinión pública no distingue entre jueces locales y federales, y la reputación de muchos buenos servidores públicos se ve afectada por la actuación de los juzgadores locales. Por lo pronto, a reserva de ver cómo reaccionan los gobernadores ante esta modificación que trastoca temas de soberanía estatal, apunte una nueva reforma estructural en ciernes, de la que se hablará bastante y saldrá mucha información relevante. NOTAS INDISCRETAS… Del total de cerca de 200 empresarios que acudieron a cenar a Palacio Nacional con el presidente el miércoles 12 de febrero, a los más importantes, los VIP, los invitaron entre Alfonso Romo y otros personajes del gabinete que les hablaron personalmente, pero al resto, a los empresarios medianos y pequeños, para muchos de ellos la invitación no fue tan amable ni tan “voluntaria”. Varios de esos empresarios no tan conocidos que estuvieron en Palacio, dicen que recibieron una llamada del SAT avisándoles de la cena con el Presidente e invitándolos a ir, a los que, argumentando distintas razones, se negaban a asistir, les deslizaban, muy sutilmente, un comentario: “OK, sólo le recordamos que usted tiene actualmente un atraso o un adeudo de (la cantidad de que se tratara en cada caso) en el pago de sus impuestos”, a lo que los empresarios respondían casi invariablemente: “Sabe qué, acabo de arreglar mi agenda, dígale al presidente que con gusto estaré el 12 a las 7:30 en Palacio”. Así ¿quién se niega a “cooperar voluntariamente” con la justa causa del presidente?… Se baten los dados.
