El Mañana

domingo, 26 de enero de 2020

Carmen Aristegui
Artículo Carmen Aristegui

Bolivia

23 noviembre, 2019

En un santiamén, América Latina ha entrado en una fase de
grandes convulsiones y enormes desafíos.

Bolivia se ha convertido en uno de los principales focos de
atención para los mexicanos, una vez que el Gobierno de nuestro País decidió
aceptar la solicitud de asilo que promovieron el Presidente, el Vicepresidente
y otras figuras políticas del país andino.

Lo que ha ocurrido en Bolivia es una enorme tragedia. La
toma de poder, en una pretendida acción legal, no pudo ser más estrujante: la
segunda vicepresidenta del Senado se erige Presidenta ante la forzada renuncia
de los altos mandos, rodeada de símbolos religiosos, en un congreso sin quórum.
Un alto general del Ejército colocó la banda a la Senadora en el vivo retrato
de un golpe de Estado.

Las protestas han sido reprimidas y la escalada violenta ha
dejado decenas de personas muertas, centenares de heridos y una gran cantidad
de detenidos. Las operaciones combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas bolivianas se han desplegado de manera muy violenta y reprimido a
grandes conglomerados de indígenas.

El gobierno de facto ha llegado al extremo de emitir un
decreto -el número 4078- con el cual pretende exonerar por adelantado de
cualquier tipo de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas
que hayan participado -de la manera que sea- en los operativos que se realizan
para “el restablecimiento y la estabilidad del orden público”.

En pocas palabras, el gobierno golpista despliega un permiso
para matar a quienes hoy detentan la fuerza pública. El decreto es tan
escandaloso, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros
organismos internacionales y el Gobierno de México reaccionaron, de inmediato,
para condenar tales pretensiones.

Inadmisible fue la palabra que usó la CIDH en su comunicado.
No sólo se quebró el orden constitucional para forzar la salida de Evo Morales
del territorio boliviano, sino que, si no se revierte como se exige el golpe,
estaríamos en la antesala de la instauración de una dictadura.

Morales convocó al Papa, la ONU e instancias internacionales
para crear una comisión de la verdad que permita esclarecer lo sucedido en las
pasadas elecciones que, sin duda, ganó en primera vuelta y cuyo tramo final
para determinar si tenía o no un diferencial del 10 por ciento que exige la ley
para dispensar una segunda vuelta se puso en duda merced a la observación y
auditoría de la OEA.

Morales aceptó el asunto y había concedido que se realizaran
nuevas elecciones, pero el golpe ya estaba en curso. Se amenazó de muerte, se
persiguió a líderes indígenas, se vandalizó la casa del Presidente y se les
obligó a presentar sus renuncias.

Hoy Morales y García Linera reclaman su derecho a volver a
Bolivia y ofrecen, para ayudar a pacificar, no ser de nuevo candidatos. Se ha
llegado a tal punto en esta crisis que no hay más camino que organizar
elecciones democráticas con el concurso de instancias internacionales.

Por el actuar de su Secretario ejecutivo, la OEA ha quedado
inhabilitada, en materia de credibilidad, para conducir o acompañar un proceso
de esta envergadura, aunque el gobierno golpista y Luis Almagro están a todo
vapor tratando de ganar la partida.

El gobierno de facto pretende agudizar la crisis al dar a
conocer un video en el que se escucha una voz -ciertamente- muy parecida a la
de Evo Morales que conversa con, aparentemente, un líder indígena al que
orienta y da indicaciones para organizar la resistencia a lo que ya llama
dictadura.

Le dice que tienen que repartir en turnos las protestas para
que la gente no se canse; que tienen que bloquear para impedir que lleguen
alimentos a las ciudades; que tienen que dar una batalla en contra de la
impostura y anticipa, también, que la Asamblea votaría en contra de aceptar su
renuncia.

Sin más elementos que la difusión de ese video por parte de
un miembro del grupo golpista, la Fiscalía admitió una demanda penal contra Evo
Morales por, al menos, una decena de delitos, algunos hilarantes como “incitar
al racismo y la discriminación”. Le han levantado causas penales por asociación
delictuosa, organización criminal y terrorismo. Están empeñados en que no
vuelva.

Se juega mucho en Bolivia. Será la prueba de fuego para un
Estado Plurinacional que colocó a los indios como actores centrales en todas
las instancias de gobierno y representación social, empezando por su
Presidente, y que logró un modelo económico que tiene hoy a Bolivia con
expectativas de crecimiento económico de 4.5 por ciento en este 2019.

opinion@elnorte.com