El Mañana

martes, 19 de noviembre de 2019

Carmen Aristegui
Artículo Carmen Aristegui

Cinco años de Ayotzinapa

28 septiembre, 2019

Se cumple un lustro de los trágicos acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, en el caso Ayotzinapa. Las heridas son muchas, profundas y continúan abiertas.

Lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 se convirtió en el retrato icónico más descarnado de una realidad nacional marcada por la violencia, la corrupción y la más rampante impunidad de la que tengamos memoria.

El saldo de la cruenta noche de Iguala no sólo suma a los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos, a las seis personas asesinadas, las decenas de lesionados y las casi mil víctimas directas e indirectas de lo sucedido, sino también a todo un sistema de justicia que ha quedado descarnadamente exhibido y que hoy ensaya una nueva oportunidad.

Se han activado nuevos instrumentos judiciales y de investigación que, aun con reservas, despiertan expectativas.

Una importante resolución judicial de un Tribunal en Tamaulipas ordenó crear una comisión investigativa que erizó los pelos a fiscales y procuradores. La PGR fue a la SCJN a decir que estaba impedida materialmente para cumplir esa sentencia.

Mientras el tema se mantiene en el limbo, Andrés Manuel López Obrador decidió crear -como primer acto de gobierno- una Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Si bien no puede sustituir con eso un mandato judicial, en la práctica se echó a andar un modelo extraordinario para replantear el caso Ayotzinapa. Participan, por parte del Gobierno: Segob, SHCP y SRE. Por las víctimas, una comisión de las organizaciones que los han acompañado.

Se incorporaron dos figuras de gran relieve, Ángela Buitrago y Francisco Cox, que formaron parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La Comisión es presidida por el Subsecretario Alejandro Encinas. Se están generando nuevos procesos de investigación y de revisión de lo ya investigado.

Aunque no es formalmente una Comisión de la Verdad, en la práctica se asemeja por su condición extraordinaria y por haber sido creada “en un entorno de transición política”, según reza el documento con el que se la crea.

La Comisión fue establecida para el caso específico de Ayotzinapa, pero hay la intención de que sea usada para otros casos e investigaciones.

En la misma lógica se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la oficina del Fiscal General. El nombramiento de Omar Gómez Trejo, quien ha colaborado con organismos internacionales como la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue bienvenido por las víctimas: “El nombramiento del nuevo titular es motivo de esperanza”, dijeron en un comunicado. Formalmente se abrió una nueva etapa de la investigación criminal del caso Ayotzinapa.

Las víctimas del caso y la sociedad mexicana tienen derecho a que las investigaciones sean replanteadas desde los cimientos, que se recupere lo consistente y se obtenga la información que no fue obtenida, por múltiples razones, en las anteriores fases.

Piezas clave son los dos informes del GIEI, los del Mecanismo de Seguimiento creado por la CIDH y el realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fundamentales serán las declaraciones ampliadas o nuevas de todos aquellos que estuvieron involucrados.

Los incentivos que permite la ley y un nuevo contexto político y judicial hacen abrigar un mínimo de esperanza para que los que antes no dijeron lo que sabían, por razones diversas, hoy encuentren condiciones nuevas para hablar.

¿Es ingenuo pensar que -más allá de las recompensas que existen, desde octubre de 2014, y que siguen vigentes- la gente que sabe cómo sucedió todo y qué pasó con los estudiantes esté hoy dispuesta a hablar, ofrecer evidencias y colaborar?

Una enorme cantidad de gente estuvo de una u otra forma involucrada en esta trama criminal: autoridades municipales, federales, Ejército, criminales, ciudadanos. Personas, al fin y al cabo que, si se desarrollan las condiciones propicias -legales, procedimentales y de conciencia-, podrían y deberían abrir la puerta para conocer la verdad.