El Mañana

sábado, 16 de noviembre de 2019

Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora republicana Porfirio Muñoz Ledo

Consulta o despotismo

10 noviembre, 2019

El esfuerzo primordial de la transición mexicana -después
del escandaloso fraude de 1988- se orientó hacia la legalidad y veracidad de
las elecciones, que hemos alcanzado en lo esencial. Hemos probado, como en su
tiempo lo hizo Madero, que en nuestro
país puede imponerse la voluntad del pueblo por la vía del sufragio en la
elección de sus gobernantes.

Se trata obviamente de un fenómeno progresivo, que también
puede descarrilarse como quisieran algunos generales notoriamente coordinados
con reflexiones y lemas de la derecha dura, que en pocas semanas han cambiado
el tono y la orientación de los medios de comunicación.

Algo semejante está ocurriendo en otros países de América
Latina que habían logrado instaurar en épocas recientes gobiernos progresistas
y hoy se ven socavados por movimientos subterráneos o desafíos abiertos de las
corrientes conservadoras. La respuesta no podría ser autoritaria ni tampoco el
desenfreno populista. La democracia se defiende con más democracia.

Esa es la inspiración y el sentido de las reformas
promovidas por el presidente
López Obrador, a las que se han añadido la revocación de mandato no sólo para
el Ejecutivo Federal sino también para los ejecutivos locales, así como la
posibilidad de realizar consultas populares para temas de trascendencia
nacional y su ampliación a lo regional.

Es necesario fortalecer y multiplicar las distintas formas
del ejercicio de la soberanía popular. Como solía decir el maestro Arnaldo
Córdova “existen en México cuando menos 32 soberanías”. La tendencia
contemporánea es además el reconocimiento de la soberanía municipal, que sería
indispensable consagrar en el artículo 41 de la Constitución. Dicho precepto se
refiere exclusivamente a los Poderes Unión, los de los Estados y la Ciudad de
México. Circunstancia que limita el ejercicio de la soberanía a los poderes
representativos o “delegativos” como los llamaba el maestro O’Donnell.

Están ausentes de ese canon las muy diversas formas a través
de las cuales se expresa la voluntad popular. En primer término la más antigua
que es la democracia directa,
según la cual el ciudadano debe expresarse en forma de electorado sobre
cuestiones fundamentales de la vida pública. Una variable es el referéndum que
teóricamente significa la expresión de la voluntad ciudadana para avalar o
rechazar una ley que ya ha sido aprobada por el Congreso o un acto administrativo para
su ratificación; otra es el plebiscito por el cual se entiende la pregunta a la
población sobre una decisión política que no se ha tomado aún y que es de
trascendencia para el electorado.  

La creciente democratización de la ciudadanía en distintas
regiones del mundo ha alcanzado el viejo anhelo de empatar la sociedad civil
con la sociedad política (Gramsci), con lo cual todo acto de convivencia
civilizada expresa una forma de ejercicio democrático y a la inversa. La
Ciencia Política contemporánea ha definido además la democracia participativa
que consiste en el involucramiento de las comunidades en la discusión, diseño,
gestión y evaluación de políticas públicas.

Al respecto el “Presupuesto Participativo”, generalmente
vinculado a otras decisiones económicas, se ha extendido a diversos tipos de
sociedades desde las nórdicas hasta las amazónicas. No puede olvidarse por
último, la influencia del Convenio 169 de la OIT que determina las consultas
libres, obligatorias e informadas con las comunidades indígenas y tribales en
países independientes, respecto al uso de la tierra, el territorio y los
recursos naturales en donde se asientan los pueblos originales.