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miércoles, 21 de agosto de 2019

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El otro hijo

22 julio, 2019

Con el juicio cada vez más cerca, sólo puede ser lógico que los siguientes días -así como la última semana- el tema que envuelve la muerte de Carlos Domínguez cobre fuerza.

Ayer vimos el conflicto entre hermanos, pues Alejandro asegura que Carlos Jr. recibe dinero del gober por afectar a terceros.

En el video de esa entrevista, se dicen nombres y apellidos, siendo un testimonio muy duro que al menos en la opinión pública tiene mucha validez; en la aplicación legal del juicio en puerta, ya veremos.

A esto se suma lo publicado en medios nacionales como El Universal y El Financiero, entre otros, donde se aborda el tema de la presunta fabricación del caso, lo que es consistente con el testimonio de Alejandro Domínguez.

En contexto, Alejandro dice que el modus vivendi de Carlos Domínguez, Jr. cambió drásticamente desde el asesinato de su padre y su oficio también, pues previo a ese desafortunado evento, se desempeñaba en el área de la construcción y posterior a eso, se autodenomina periodista de un medio de reciente creación y bajo impacto que presuntamente se sitúa en CDMX.

En esto hay que comprender que el perfil de los periodistas no siempre tiene su origen en licenciaturas universitarias en el tenor del periodismo o las ciencias de la comunicación, pues es común que personas de otras carreras y oficios se integren bien; sin embargo, esto requiere una formación en la teoría y práctica que no puede o debe ser tan repentina, al menos no si se pretende hacer un periodismo en forma.

En cuanto al presunto repentino cambio en el estilo de vida, Alejandro puso una cifra sobre la mesa, 50 mil pesos al mes; previo a su testimonio grabado en video, ya circulaban versiones en ese tenor, lo que muchos consideraron “un secreto a voces”; cierto o no, queda a consideración.

Las consecuencias del caso -fabricado o no- son seis personas cuyos vínculos al asesinato son cuestionables, tres de ellos periodistas y de estos últimos, uno falleció esperando el juicio; se trata de Gabriel Garza Flores, cuya condición de salud se agudizó un domingo de visitas al penal, se solicita su salida -custodiada obviamente- a un hospital para ser atendido; la ambulancia llega rápidamente al lugar, pero el permiso de salida se retrasa, casi dos horas después se le concede, pero no en una ambulancia donde hay el equipo para estabilizarlo, sino en una Van de traslados presidiarios; acto seguido, llega al Hospital General prácticamente sin signos vitales; algunos resumieron esto en que “lo dejaron morir”.

Aún permanecen cinco personas presas, todos ellos a la expectativa de lo que se pueda resolver de su situación jurídica en el juicio, pues más de un año presos no son nada sencillos.