El Mañana de Nuevo Laredo

Xavier Oliveras González

Desde la Frontera

Xavier Oliveras González

8 febrero, 2020

Ética y responsabilidad en el muro fronterizo



En los últimos cinco años se ha discutido mucho, tanto en
México como en Estados Unidos, sobre el muro que el presidente Trump desea en
la frontera con nuestro país. Lejos de cumplir su promesa, su mandato terminará
sin apenas avances: a día de hoy solo se ha añadido 1 milla de muro al ya
existente al inicio de su presidencia. La mayor parte del trabajo se ha
enfocado a modernizarlo (elevar la altura, sustituir planchas corrugadas por
pivotes, etc.) y en realizar los estudios previos y preparar el terreno donde
se prevé el nuevo.

El debate entre defensores y detractores se ha centrado en
unos temas muy específicos con relación a la intervención del Estado y a los efectos
de la infraestructura fronteriza. Así, se ha debatido sobre la legitimidad del
Estado para instrumentarlo al margen de la propia legislación; la eficacia de
la infraestructura, es decir en su capacidad para lograr detener la migración
indocumentada y el narcotráfico; la eficiencia, es decir en sí los fondos destinados
son justificables, ya sea en comparación a otras medidas con los mismos fines o
a otras políticas públicas; y los impactos ambientales (en los hábitats
naturales, la dinámica fluvial, la erosión, etc.).

Sin embargo, ha sido muy raro llevar a la palestra la
intervención de los actores privados, como los contratistas, constructoras y
bufetes de arquitectura, sin los cuales el muro no sería una realidad. No creo
que sea una sorpresa para nadie el afirmar que la política de seguridad
fronteriza de Estados Unidos supone el trasvase de fondos públicos hacia
empresas de capital privado, desde la construcción y mantenimiento del muro al
suministro de tecnología de seguridad. Es lo que investigadores como Michael
Dear, geógrafo de la Universidad de California, denomina como el complejo
fronterizo-industrial.

Dentro de la racionalidad neoliberal, esta privatización
tiene por objeto crear puestos de trabajo y generar efectos multiplicadores en
las economías locales. En esta lógica, las empresas defienden que su
intervención es puramente económica: el muro fronterizo solo es una obra
pública más. Por el contrario, puede argumentarse que su participación también
es política y ética. Como se les critica, no es lo mismo construir un muro o
una prisión que un hospital, una escuela, un parque o vivienda digna y
asequible.

Las empresas son bien conscientes de ello, por lo que son
pocas las que difunden su trabajo. En parte, lo ocultan para defenderse de boicots
y protestas de los colectivos contrarios al muro y pro-derechos humanos, como
de la que fue objeto, Gideon Contracting hace un año frente a sus oficinas en
San Antonio, Texas. La empresa había sido contratada a fines de 2018 por más de
3 millones de dólares para la construcción de cuatro puertas de servicio en el
muro del condado de Cameron, frente a Matamoros.

Menos aún son las empresas que lo defienden con orgullo. Una
de las pocas es Fisher Industries, que el año pasado ganó la licitación para
construir 31 millas de muro en la frontera de Arizona y Sonora por más de 400
millones de dólares. Pero que además, y ahí lo más sorprendente, ha construido
dos muros fronterizos privados –es decir, independientes del proyectado por el
gobierno federal– junto con un grupo de extrema-derecha, We Build the Wall; uno
en Nuevo México frente a Ciudad Juárez y, el más reciente, en Texas, frente a
Reynosa.

Ante ello, colectivos críticos de arquitectura, urbanismo e
ingeniería han lanzado campañas de concientización para que profesionales y
practicantes no participen en el diseño de espacios de exclusión y detención,
como los muros y las prisiones. Con ello reconocen que ellos también son
actores políticos y que son igualmente responsables, junto al Estado, en la
promoción del bienestar o, por el contrario, en la perpetuación del
sufrimiento.

El Colegio de la Frontera Norte

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