El Mañana

sábado, 24 de agosto de 2019

Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora republicana Porfirio Muñoz Ledo

La 4T obligatoria

23 marzo, 2019

El primer año de la LXIV Legislatura ha sido prolijo en modificaciones institucionales correspondientes a la Cuarta Transformación del país. Cito la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los principios de la Austeridad Republicana, la Revocación del Mandato y la Consulta Popular. Hoy discutimos cambios de gran envergadura en materia de legislación laboral y de fijación de los salarios mínimos. También reformas tendientes a una genuina igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y de un sistema educativo más amplio, eficaz y equitativo.

Corresponde igualmente a la Cámara de Diputados el deber de discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que envié el Ejecutivo Federal, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 26 de la Constitución. Esta disposición es clave en los regímenes democráticos, particularmente los parlamentarios que requieren de un programa preciso para la investidura de los gobiernos. La República Weimar en Alemania, aprobó en 1921 un Plan de Bienestar Social que se convirtió más tarde en fuente de inspiración para los partidos socialdemócratas. Poco después las revoluciones obreras necesitaron programas explícitos para implementar una nueva economía. Establecieron de este modo los “Planes Quinquenales” -basados en la teoría de las fuerzas productivas- que centralizaron las decisiones fundamentales para realizar, en corto tiempo, tecnologías competitivas.

La crisis de 1929 puso en duda la viabilidad del sistema capitalista y de los principios liberales basados en la prevalencia del “dejar hacer, dejar pasar”. Hecho que condujo a la implantación de cambios económicos audaces contenidos en el programa “New Deal” del presidente Roosevelt, guiados por las doctrinas económicas de John Maynard Keynes. Simultáneamente y como fruto de la Revolución Mexicana, surgió la búsqueda de nuevas opciones económicas sobre las cuales se fundaran sistemas políticos igualitarios y se ensanchara la soberanía nacional.

El General Cárdenas promovió el primer Plan Sexenal (1934-1940), que adelantó los más trascendentes actos de su gobierno, como la Reforma Agraria, la recuperación del poder adquisitivo del salario, el desarrollo del sindicalismo y la recuperación de los recursos naturales. El plan dice que debíamos “adoptar la política del nacionalismo económico, como recurso de legítima defensa, sin contraer ninguna responsabilidad histórica”. Definió un programa educativo de gran alcance “regido por el gobierno y el pueblo, encauzado hacia las clases campesinas y obreras y acorde con los progresos de la técnica para la socialización de la riqueza”.

Los gobiernos de unidad nacional (Ávila Camacho y Miguel Alemán) palearon los radicalismos, impulsaron la economía de mercado, pero se abstuvieron de formalizar esos cambios. El desarrollo estabilizador tampoco fue un plan explicito, aunque su autor, Antonio Ortiz Mena, lo formalizó cuando ya lo había ejecutado. Miguel de la Madrid promovió la redacción de los artículos 25 y 26 de la Constitución, que pregonan la rectoría del Estado y la planeación democrática, como una cortina de humo que ocultara nuestra entrega económica al exterior y la implantación del neoliberalismo. Esas reformas subliman el rol del Ejecutivo y no contemplan ninguna acción concurrente del Poder Legislativo, más que de ser informado. Como compensación a los estragos del “Pacto por México”, Peña Nieto concedió una reforma que vuelve obligatoria la presentación del Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

El Presidente López Obrador ha reiterado su propósito de construir una propuesta “post-neoliberal”, con el concurso de los ciudadanos y sus organizaciones. Propone “elaborar un programa de desarrollo propio, a partir de nuestra realidad y de nuestras necesidades”. Dar fin a la “pesadilla de 36 años”. Añade “nos toca edificar lo que sigue”. Su propuesta de 4T deberá de plasmarse en un programa de cinco años obligatorio y verificable. Esta es la mejor oportunidad para concretar en los hechos la división de poderes y de establecer un nuevo Pacto Social explicito e incluyente.