El Mañana

miércoles, 21 de agosto de 2019

Carmen Aristegui
Artículo Carmen Aristegui

#LaJusticia

16 febrero, 2019

En una misma semana tres de los asuntos que nos han ocupado largamente entran en etapas de nuevas definiciones. La situación en la Comisión Federal de Electricidad, Odebrecht y el caso MVS.

1.- Lo dicho en la conferencia de prensa entre el presidente López Obrador y el director Bartlett Díaz el lunes 11 puso a girar a empresas, ejecutivos y ex funcionarios involucrados en graves señalamientos y por haber incurrido en “presuntos actos ilegales”, como quedó registrado en el boletín de prensa emitido por la CFE ese mismo día.

Varios de los ex funcionarios mencionados por nombre y apellido han emitido cartas y pronunciamientos públicos defendiendo su derecho al libre ejercicio de la profesión y deslindándose de las acusaciones de que con su actuación han contribuido a la “destrucción” de una de las principales empresas del Estado. “Daremos vista a la Fiscalía”, dijo López Obrador cuando se le preguntó sobre si habría denuncias por los hechos relatados. Nada volverá a ser igual después de esa conferencia de prensa. Todo apunta a una guerra litigiosa de muy alto calado.

Se anuncia ya la intención de renegociar contratos que, de entrada, son declarados como “leoninos”. Será sin duda uno de los grandes temas del sexenio.

2.- Un asunto al que se le empezó a poner turbo es el caso Odebrecht. Ayer por la tarde se dio a conocer el estado que guarda actualmente el caso y para ello se divulgó la tarjeta informativa que envió el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Entre otras cosas, ahora sabemos que el gobierno mexicano sí suscribió un convenio con la Procuraduría General de Brasil para obtener información referente a las investigaciones a cambio del compromiso de no ejercer acciones civiles, administrativas o penales de ningún tipo en contra de funcionarios de Odebrecht. Ese convenio fue ratificado por México tres veces en febrero y junio del 2017. El Gobierno anterior negó que dicho convenio existiera.

Con lo revelado ayer, ahora sabemos que a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se le “recabó una entrevista” en calidad de imputado y que se reservó su derecho a declarar. Con la divulgación de esa tarjeta informativa del explosivo caso, inicia un proceso que -como ha ocurrido en otros países- pinta para tocar los más altos niveles de la política mexicana. Otro asunto al que no se podrá poner reversa.

3.- Después de un largo proceso de casi cuatro años de litigios y tribunales, finalmente se concedió la razón a quien esto escribe y al brillante grupo de abogados que ha llevado nuestra defensa en los varios juicios que se abrieron en nuestra contra durante el sexenio pasado. Esta semana hemos ganado de forma definitiva en uno de los juicios principales.

Un juez, tres magistrados de apelación federales del primer circuito de amparo y cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron en diferentes momentos del proceso que la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios y -en consecuencia- la cancelación del programa de noticias en MVS que dirigí por seis años ahí, fueron conductas ilegales e indebidas. “Golpe de censura” le llamamos los periodistas que participábamos de aquel espacio.

La batalla judicial no ha terminado. Tendremos que ver, en términos prácticos, en qué se traduce la sentencia que, entre otras cosas, declara vigente el contrato suscrito entre la periodista y la empresa de comunicación.

Queda pendiente otro juicio promovido también desde el sexenio pasado. Un juicio por daño moral por lo que escribí en el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”. Se espera que la Corte discuta a fondo sobre temas cruciales para escritores, periodistas, prologuistas y editoriales.

Los ministros tendrán que determinar si una periodista tiene o no derecho a escribir sobre lo que piensa, opina, analiza y construya lógicamente sobre hechos y personajes públicos como los involucrados en la trama de investigación y publicación del reportaje especial sobre la mansión millonaria en posesión del Presidente de la República y su familia.

Confío en que los ministros de la Corte resolverán a favor de la libre expresión, del derecho a opinar y analizar críticamente sobre los asuntos del interés público.

opinion@elnorte.com