El Mañana

miércoles, 26 de febrero de 2020

Sergio Aguayo
Artículo Sergio Aguayo

Los cómplices

17 octubre, 2019

En mi litigio contra el exgobernador de Coahuila, Humberto
Moreira, he padecido la parcialidad de la justicia capitalina.

Mi trabajo depende de la información verificada. Cuando
escribí una columna sobre la detención de Humberto Moreira en Madrid (enero de
2016) tenía copia del acta de la Audiencia Nacional de España. Moreira estaba
en prisión, como presunto responsable de “blanquear capitales”, “pertenencia a
organización criminal”, “malversación de caudales públicos” y “cohecho”. Con
eso y otros documentos, aseguré que Moreira olía a corrupto, había violado
derechos humanos y era ejemplo de impunidad.

Esperó seis meses para demandarme por daño moral. Lo hizo en
un juzgado civil de la CdMx y pedía 10 millones de pesos. Durante los primeros
siete meses padecí a un juez, Alejandro Rivera Rodríguez, determinado a
complacer al exgobernador. Para enfrentar el acoso, presenté una queja ante el
Consejo de la Judicatura capitalino.

En tanto resolvían mi inconformidad, el juez Rivera me
obligó a depositar una fianza por 225 mil pesos; luego, ordenó entregar ese
dinero a Moreira. Cuando apelé, se subió al escenario el Magistrado Francisco
Huber Olea; protegió tanto a Moreira, que se rehusaba a obedecer la orden de la
justicia federal: debían restituirme los 225 mil pesos.

Cuando la queja surtió efecto, el primer juez (Alejandro)
salió del caso; lo sustituyó Francisco Castillo González, quien durante un par
de años, trató con profesionalismo el asunto. En marzo de este año emitió un
fallo dándome la razón. La sentencia, muy sólida, fue apelada por Moreira y
¿qué creen? ¡El caso fue entregado al Magistrado Huber! Reaccioné escribiéndole
una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Rafael
Guerra Álvarez. Fundamenté “la parcialidad del Magistrado Olea” y solicité, por
escrito y con llamada telefónica, una reunión con el presidente del tribunal.
Jamás me respondió; su desdén anticipaba el desenlace. La semana pasada el
Magistrado Huber me sentenció a pagarle 10 millones de pesos a Moreira y el
costo de varias inserciones.

Durante estos años, también constaté la protección recibida
por Moreira desde los círculos de poder federales y estatales. Dejo por ahora
ese ángulo, para centrarme en el fondo de la demanda. Moreira me demandó
–sostengo como hipótesis de trabajo– cuando empecé a coordinar investigaciones
académicas sobre la presencia del crimen organizado en Coahuila, durante sus
años de gobernador.

La hipótesis se sostiene. En aquel tiempo, el penal de Piedras
Negras era controlado por el crimen, del cual salían a delinquir, el centro de
internamiento para secuestrados, el campo de exterminio y el taller donde
instalaban los compartimentos secretos en los autos que pasaban narcóticos a
Estados Unidos. Esas instalaciones eran pagadas íntegramente por el gobierno
del estado de Coahuila. Esa situación era conocida y tolerada por altos
funcionarios del gobierno de Humberto Moreira. ¿Estaba enterado el entonces
gobernador? No lo sé, porque las autoridades mexicanas jamás han investigado
esa pista. Tal vez nunca lo hagan.

Por ahora, continúa el litigio por daño moral. Además de
presentar un amparo directo ante la justicia federal impugnando la decisión del
Magistrado Huber; también entregaré una queja formal en su contra, ante el
Consejo de la Judicatura. La protección concedida a Moreira huele a conflictos
de interés y tráfico de influencias. A un hermano del Magistrado Huber lo hizo
notario Rubén Moreira y, según me dicen fuentes confiables, existen relaciones
de amistad entre el Magistrado y Humberto. ¿Lo investigarán?

Mis problemas jurídicos se enmarcan en la costumbre de los
poderosos de demandar por daño moral a los periodistas incómodos. Ese
hostigamiento e intimidación funciona por leyes defectuosas y jueces dispuestos
a aceptar demandas frívolas. A través de las organizaciones que me representan
–Artículo 19 y Propuesta Cívica– buscaremos apoyos dentro y fuera de México,
para modificar las normas y prácticas que facilitan los ataques a la libertad
de expresión e investigación. Libertades indispensables para documentar el
funcionamiento de la corrupción y la violencia. Un saldo del litigio que
enfrento, es la parcialidad del poder judicial de la CdMx. El pasado, correoso,
se resiste a desaparecer.

@sergioaguayo