El Mañana

lunes, 21 de octubre de 2019

Carmen Aristegui
Artículo Carmen Aristegui

Tiempo de hablar

17 agosto, 2019

La detención y reclusión de Rosario Robles es el acto político judicial de más alto impacto en los últimos años en México, sólo comparable a la detención del abogado Juan Collado, quien está relacionado con los personajes más influyentes y poderosos de la política mexicana.

Las dos detenciones, más los procesos abiertos a Emilio Lozoya, Alonso Ancira y los de ex gobernadores, han abierto la expectativa de que, en algún momento, estos y los procesos que vengan deriven en investigaciones no aisladas, sino en vasos comunicantes, a la manera de maxiprocesos como los que han tenido lugar en otras partes del mundo y con procesamiento de cientos de políticos, empresarios, juzgadores, criminales, participantes en redes de corrupción, colusión y delincuencia.

En estos procesos se privilegia la colaboración de gente imputada a cambio de beneficios judiciales para aquel procesado que lleve a otros miembros de la red criminal y aporte informaciones y evidencias que permitan desmantelar o sentenciar a responsables.

Acabamos de ver un caso tipo, con el juicio en Nueva York a “El Chapo” Guzmán, en que no sólo enemigos, sino sus más cercanos colaboradores participaron definitivamente para refundir al capo.

En el caso de Rosario Robles, la cárcel no será de dos meses, como se dijo al principio. En la resolución, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna señala que “la vigencia de la medida cautelar será por todo el tiempo que dure el proceso”. Todavía es un enigma si, en esas condiciones, Rosario va a mantener su actual postura.

El momento es trascendente por donde se le vea. Por primera vez estamos viendo que la información procedente de las investigaciones e informes que realizó la Auditoría Superior de la Federación está soportando una investigación de este calibre. Se trata de los informes de la revisión de las cuentas públicas que conocieron diputados, secretarios de Estado y el propio presidente de la República del sexenio pasado.

El soporte principal de las indagaciones de la nueva Fiscalía autónoma está basado en las investigaciones forenses encabezadas por la Dra. Muna Dora Buchahin, directora forense del entonces auditor Juan Manuel Portal, y ambos, con un equipo de especialistas, hicieron un trabajo profesional y demostraron que en el servicio público hay gente valiosa y dispuesta a cumplir con sus tareas y responsabilidades.

Lo que descubrieron, informaron y después denunciaron formalmente ante la entonces PGR los funcionarios de aquella ASF, fue una serie de desviaciones del presupuesto que no tuvieron nunca una justificación para haber sido realizadas.

Utilizando, de forma indebida, una ley en la materia, se contrataron sobre todo universidades sin licitación alguna para realizar tareas y servicios que no se justificaban y que, en la mayoría de los casos, no fueron más que simulaciones. A lo largo de cuatro años, no sólo se fueron acumulando los fuertes desvíos, sino también los informes y denuncias de la Auditoría.

El modus operandi es hoy de sobra conocido: recursos millonarios asignados a entes públicos como las universidades, que se quedaron con porcentajes de las cantidades entregadas y que, a su vez, reasignaban a empresas -la mayoría fantasma- los trabajos encargados a ellas, por indicaciones de sus contratantes.

La ASF no sólo presentó las denuncias, sino expedientes completos para soportarlas. En 2017 incluso firmó con la entonces PGR de Raúl Cervantes un convenio de colaboración para revisar con anticipación los expedientes en los que se iban a soportar las denuncias y asegurar que el MP contara con los elementos suficientes para que éstas procedieran correctamente.

Se incorporó un anexo en el que se detalla todo lo que debe tener un expediente de este tipo para que las denuncias prosperaran. No pasó nada, porque era tanto como pedirle al gobierno de Peña que se investigara a sí mismo.

Juan Manuel Portal narró esta semana sus encuentros con Rosario Robles y su equipo, en que le negaban que hubiera tales desvíos. Detalló cuatro o tal vez cinco reuniones con la Secretaria y parte de su equipo, especialmente con su oficial mayor, Emilio Zebadúa, al que se refirió como el “responsable número uno de la operación… salvo que la señora Robles tuviera indicaciones de otro lado”, dijo. “¿Del presidente Peña para abajo?”, se le preguntó.

“Sí”, dijo sin titubear el ex auditor Portal. ¿Cuántos que recibieron instrucciones y participaron de todo aquello están dispuestos hoy a hablar? Si deciden hacerlo, empezando por Rosario y Zebadúa, estaríamos en un punto de quiebre de consecuencias insospechadas.

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