El Mañana de Nuevo Laredo

Carmen Aristegui

Artículo

Carmen Aristegui

18 enero, 2020

Una reforma para la justicia



Entre martes y miércoles de esta semana empezó a circular en
los circuitos judiciales, políticos y mediáticos un conjunto de documentos que
fueron identificados como las iniciativas de ley para modificar y ampliar
preceptos legales y constitucionales, cuyo propósito sería llevar a cabo una
reforma de gran calado para darle la vuelta a todo aquello que impide,
dificulta o entorpece la actuación de la justicia penal y sus instituciones.
Más tardaron en empezar a circular los documentos que en presentarse las
primeras reacciones, críticas y señalamientos.

El acto en el que, se entendía, sería presentado y explicado
el paquete con las iniciativas se programó para el pasado miércoles. Ahí
estuvieron los representantes del gobierno federal, el Fiscal General de la
República y representantes del Congreso. No fue entregado documento alguno y se
envió una señal, clarísima, de que estaban echando reversa.

El acto magno no fue cancelado, pero se convirtió en un foro
para que los funcionarios y legisladores presentes -algunos de los cuales no
podían ocultar su extrañeza- expusieran mensajes diversos en los que explicaban
las razones por las cuales resulta imperativo realizar una reforma amplia al
sistema de justicia penal.

Se coincidió en lo que resulta evidente al País entero: es
impostergable lograr resultados para abatir los escandalosos niveles de
impunidad que prevalecen en México desde siempre, es imperativo hacer eficiente
un sistema que, hasta este momento, claramente, es inoperante y da muy escasos
resultados.

Nadie podría oponerse, en su sano juicio, a que se hagan
cosas cuyo objetivo central sea lograr estos propósitos, pero la cascada de
críticas a los documentos que estaban circulando obligó a parar en seco.

La intención de la reforma es impecable, impostergables los
reclamos de justicia de una sociedad dolida y agraviada por crímenes y delitos
que quedan sepultados en toneladas de omisión e ineficiencias y cuya marca -que
parece eterna- acaba siendo la impunidad.

No presentar formalmente el contenido de la reforma, en ese
momento, fue una decisión sensata, ante lo que se desató como una avalancha de
ataques. Se provocó un estado de alarma en todos los niveles, incluyendo los de
la Suprema Corte, según nos enteramos.

Lo menos que se dijo es que varios de los puntos contenidos
en los documentos que circularon eran regresivos y/o inconstitucionales y que
con ellos se daría pie a violaciones masivas de derechos humanos.

Afortunadamente, imperó la sensatez y no se dieron ni por
auténticos ni por apócrifos los documentos que seguían circulando, con las
diversas iniciativas, simplemente se anunció que en febrero -cuando el Congreso
esté de regreso con el pleno y comisiones- se presentarán, formalmente, los documentos
que, para ese entonces, se entiende, habrán sido replanteados en sus partes
sustantivas por los impulsores de la reforma que deberán atender los fuertes
llamados que se escucharon a lo largo de esas horas.

Para la reforma que viene, ahora se sabe, se pretenden
cambios a varios artículos de la Constitución, un Código Nacional de
Procedimientos Penales, un Código Penal Nacional, modificaciones a la ley de
amparo, a la de justicia para adolescentes, a la orgánica del Poder Judicial, a
la de ejecución judicial y, también, una nueva ley y reglamento para operar en
la nueva Fiscalía General de la República.

Ya se sabe que no basta con el diseño de las herramientas,
normas e instituciones legales para hacer frente a un desafío de semejante
tamaño, como el que tiene México. Las últimas reformas, en varias de las mismas
materias que hoy se pretenden modificar, se realizaron hace relativamente poco.
De poco o nada sirven, esas u otras leyes que vengan, si no se cuenta con la
capacidad técnica, operativa y científica para aplicarlas con prontitud y
eficiencia.

Se trata de lograr las dos cosas fundamentales, que algunos ven como incompatibles: el debido proceso y protección a los derechos humanos; eficiencia en las investigaciones, y jueces y ministerios públicos honestos y competentes para lograr que la frase que nos hemos aprendido de memoria se convierta en práctica cotidiana: justicia pronta y expedita.

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