El Mañana

martes, 22 de octubre de 2019

Nacional 6 agosto, 2019

Paga Robles para mantener freno a captura

Rosario Robles pagó $69,500 para garantizar que continúe vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión

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Por Agencia Reforma

Robles pagó $69,500 para garantizar que continúe vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión.

Rosario Robles pagó ayer 69 mil 500 pesos para garantizar que continúe vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en su contra en los últimos días.

Según los listados judiciales, ayer la defensa de la ex funcionaria federal entregó a Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, el billete de depósito número N 076882 por esa cantidad, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

“Agréguese escrito de cuenta firmado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual exhibe el billete de depósito a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida en auto de 31 de julio del año en curso; por tanto, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a una de las obligaciones impuestas”, acordó el juez.

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Vargas Alarcón tiene programada para este martes celebrar la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva a la ex Secretaria de la Sedatu y la Sedesol.

Con base en los informes que entregue la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces de distritos de varias entidades, sólo en caso de existir una orden de aprehensión se le concederá la suspensión definitiva.

Esta protección judicial, cuya temporalidad es indefinida, la protegerá de mandatos de captura por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero si se tratara de un delito que amerita este tipo de privación automática de la libertad, la suspensión no podrá evitar su captura.

Robles está citada para el próximo jueves a una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde la FGR busca imputarla por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el caso que ha sido llamado la Estafa Maestra. El ilícito en cuestión no amerita prisión preventiva oficiosa.