El Mañana

viernes, 13 de diciembre de 2019

La tarde 4 julio, 2019

Podrán miles de texanos recuperar sus licencias de manejar

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Por Francisco Díaz

LAREDO, TX.- Miles de personas que tienen suspendidas sus licencias de manejo podrán recuperarlas a partir del 1 de septiembre tras la eliminación del temido Programa de Responsabilidad de Conductores de Texas.

Este programa fue establecido en el año 2003 como una forma de penalizar a los conductores que cometieran infracciones de tráfico como manejar sin licencia vigente, manejar en estado de ebriedad o sin seguro de responsabilidad.

Jesús “Chuy” Domínguez, Juez Municipal, dijo que el Gobernador Greg Abbott firmó la ley para eliminar este programa a partir del 1 de septiembre, lo que permitirá a miles de personas recuperar sus licencias suspendidas o estar en condiciones de tramitarla.

El programa impone cargos desde 250 dólares por año durante tres años a quienes sean infraccionados por manejar con una licencia vencida y de hasta dos mil dólares anuales por tres años a conductores ebrios.

Bajo este mismo programa los conductores que tengan una buena cantidad de infracciones de tráfico menores pueden acumular puntos negativos que permite al estado imponerles los cargos de este programa.

La ley firmada por el Gobernador Abbott permitirá a unos 1.5 millones de conductores de Texas “limpiar” su récord para estar en condiciones de recuperar sus licencias de manejo o poder tramitarlas.

SE BENEFICIARÁN MILES DE LAREDENSES

Opositores del programa establecido en el 2003 consideran que este programa sacaba de la fuerza laboral a miles de personas que al no tener un empleo estable no contaban con dinero para pagar sus multas.

Gracias a la nueva ley, a partir del 1 de septiembre unos 600 mil conductores, entre ellos muchos de Laredo, podrán inmediatamente ser elegibles para recuperar sus licencias de manejo, unos 350 mil deberán pagar una tarifa de recuperación y unos 400 mil deberán resolver sus suspensiones pendientes.

La nueva ley detendrá además una demanda que se impuso contra el estado de Texas por parte de la organización Equal Justice Under Law, que consideró que este programa es anticonstitucional porque se cobra por dar justicia.