El Mañana

jueves, 17 de octubre de 2019

Estado 20 junio, 2019

Tamaulipas, peligroso para periodistas

El reporte presentado en el reciente año señala que por lo menos nueve comunicadores han perdido la vida

Tamaulipas.org

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Por Daniel Rosas

En un análisis de agresiones contra la libertad de expresión, el Estado de Tamaulipas fue incluido entre los más peligrosos para periodistas, por lo que fueron solicitadas en el Congreso federal medidas preventivas ante las agresiones registradas.

“La violencia se registra en entidades federativas como Veracruz, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Tabasco y la Ciudad de México, principalmente. Este panorama exige de nuestras autoridades federales mayores resultados y compromisos en la contención, sanción y prevención de los delitos”, denunciaron diputados encabezados por Ismael Alfredo Hernández Deras y René Juárez Cisneros, quienes enviaron un exhorto, punto que fue pasado a comisiones.

Solicitaron que se “emprendan las acciones necesarias, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión y prensa; asimismo, fortalezca las medidas de protección a periodistas y actualice los protocolos de actuación y auxilio, ante el aumento de amenazas, homicidios y extorsiones en contra de los comunicadores en diversas entidades federativas del país”.

“Se han elevado los ataques de violencia contra los periodistas; dichos acontecimientos según el Comité para la Protección de Periodistas, posicionan a México como el país más violento del mundo para ejercer el periodismo”, apuntaron.

En el reporte presentado, señalaron que en lo que va del presente año, por lo menos nueve comunicadores han perdido la vida y muchos más han sido objeto de extorsiones, privación de la libertad y tortura. A fin de contar con un panorama general de la situación, basta indicar los siguientes hechos:

“La violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra los periodistas, no puede quedar impune.

“Solicitamos que las autoridades de procuración e impartición de justicia no escatimen recursos económicos, humanos y de infraestructura para realizar las investigaciones y agotar las líneas de investigación que permitan impartir justicia, sancionar a los responsables y salvaguardar el derecho a la libre expresión y prensa”, indicaron.